Este 10 de octubre se trata en la Cámara de Diputados para la media sanción el proyecto, que busca que toda la administración pública nacional se forme en materia de discapacidad y trato adecuado, y que los espacios de uso público se adecúen según los principios de diseño universal. Natalia De la Sota lo fundamenta “lo que no conocemos, no nos atraviesa, formarnos en Discapacidad es el primer paso”.
El proyecto
El proyecto “Argentina Inclusiva” tiene como objetivo que los agentes del estado nacional se formen en materia de discapacidad, de manera anual y obligatoria. Pero no solo la formación, sino saber cómo tratar y como dirigirnos a una persona con cualquier discapacidad y teniendo en cuenta la función que tienen los empleados, poder orientar en trámites, saber que derechos tienen y como gestionar lo necesario para poder ejercerlos.
“Lo que no conocemos, no nos atraviesa” dice su autora, quien ya lo llevó a la practica en la Provincia de Córdoba. A 10 meses de la puesta en marcha de la Córdoba Inclusiva, ya lleva mas de 22.000 agentes provinciales en inscripción: con los exámenes aprobados o en curso, pero ya en proceso de formación.
Argentina Inclusiva fue superándose. También se trabajó en el consenso de proyectos sobre la temática, que sirvió para enriquecer y fortalecer la propuesta, porque traza las bases para que desde el diseño de las políticas públicas y su ejecución, la persona con discapacidad también sea destinataria. Que sean transversales, se pueda pensar desde cualquier propuesta, que también la persona con discapacidad, sea protagonista.
Convivencia
Desde un diagnostico, sea en la infancia o en la adultez, la vida de la familia se convierte en una montaña rusa de emociones, con necesidades específicas, que llevan trámites o gestiones: el estado no debe ser ajeno. La búsqueda del bien común, como finalidad del estado, abarca también a la persona con discapacidad y aun más, desde que la Argentina incorporó con jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad enuncia los mismos derechos que ya están declarados para toda la humanidad, manifestando que también son para las personas con discapacidad. Parece impensado que sea necesario semejante afirmación, pero lo es y sigue siendo preciso manifestarlo.
La Convención consolida el modelo social de la discapacidad, en las barreras que como sociedad ponemos, para que la persona con discapacidad pueda también vivir como el resto. Corresponde al Estado realizar los ajustes razonables para lograr la convivencia, y “Argentina Inclusiva” comienza como una verdadera realidad en este proceso.
Dejamos de depender de convenios momentáneos que realizan las autoridades de turno, y con esta ley, todos estarán obligados a cumplirla. El estado deja de poner parches, y se ocuparía de lo importante: el abordaje ordenado transverzalizado de una línea de acción, evitando superponer recursos.
El acompañar de manera eficiente a la persona con discapacidad, a su familia, a las organizaciones de las que forma parte, es comenzar a saldar una deuda social histórica. Comenzar a “mirar a la discapacidad a los ojos, es empezar a mirarnos como una verdadera sociedad”, manifiesta numerosas veces De la Sota.
Verdaderos protagonistas, como todos
El Estado y los agentes del estado deben saber que hacer y cómo hacerlo: orientar en la gestión de certificados, indicar como gestionar un pase o un boleto de transporte, orientar en el acceso a la justicia o en la gestión de prestaciones. En resumen, debe saber cómo hacer un poco más fácil la vida a esa persona que la lucha a diario. Esta tarea suma a que se equiparen los esfuerzos, a que sea mas justa la estructura del estado.
El saber cómo tratar a una persona con discapacidad; saber cómo comunicarnos con una persona con discapacidad intelectual o sensorial; o saber a quién recurrir, ya marca una diferencia. “Desde la persona que abre la puerta en una institución pública, hasta el presidente, deben saber como tratar a cualquier persona, sin distinción” señala Natalia De la Sota.
Otro desafío encontramos cuando se usan diagnósticos que implican una discapacidad para denigrar o descalificar a una persona. Usan la palabra “autista” para referirse a que la persona no comprende o que vive en un mundo ajeno o propio. También usan “mogolico” para seguir denigrando, sin saber que son calificaciones fuera de lugar y fuera del respeto que tenemos que tenernos como cualquier ser humano. Al estar formadas, las autoridades, al exigir esta formación de manera obligatoria, no habrá más excusas. Ya que si siguen siendo usadas con la misma finalidad, no habrá más pretextos que los valores personales y el libre albedrío. Sabremos a quienes les interesa el respeto. Y también sabremos quienes tienen el don de la empatía, esa hermosa posibilidad de poder ponernos en el lugar del otro.