El gobierno de la Provincia de Buenos Aires salió a desmentir una nota publicada por La Nación, con la firma del periodista Carlos Pagni, en la que denunció que algunos fondos buitre habían pedido información a autoridades financieras norteamericanas sobre los movimientos de “personalidades políticas ligadas a PBA” por sospechas de transferencias por una “enorme” suma de dinero a una cuenta bancaria suiza.
Puntualmente, el diario apuntó contra uno de los integrantes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Montaña, y el subsecretario de Obras Públicas, Diego Benítez. Rápidamente desde el gobierno de Axel Kicillof señalaron que “las personas mencionadas desmientes categóricamente tener relación con las operaciones ilícitas que se les imputan”.
En un duro comunicado, el gobierno bonaerense adelantó que presentarán una queja formal ante el tribunal estadounidense. Allí cuestionarán las “acusaciones de los buitres” y denunciarán “la mala fe” en el uso de la información.
Además, lo que sostuvo el gobierno provincial es que la denuncia fue realizada por uno de los abogados de un fondo buitre (Dennis Hranitzky, de estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan) en el marco del litigio abierto que mantiene PBA con esos fondos luego de no aceptar el canje de deuda ofrecido por la Provincia.
“Las personas mencionadas desmienten categóricamente tener relación con las operaciones ilícitas que se les imputan. Es por eso que todos los damnificados están presentando acciones legales para exigir que se aclare la situación y se repare el daño ocasionado”, aseguró el gobierno provincial en el comunicado. Allí, además destacó que ninguno de los funcionarios mencionados, ni tampoco las autoridades provinciales, fueron consultadas antes de la publicación para chequear la información.
“No poseo ninguna cuenta en el extranjero en la actualidad, ni la tuve jamás”, escribió en sus redes Montaña. “Iniciare las acciones legales correspondientes, a fin de clarificar dichas versiones tendenciosas y malintencionadas”, agregó.
Asimismo, otra de las que rechazó la acusación fue Ana María Cecilia Baza, asesora general del Gobierno de la Provincia. “Se me acusa, sin prueba alguna, de haber participado de operaciones de lavado de activos. Quiero aclarar que no poseo cuentas bancarias en el exterior. Tampoco he tenido participación en operaciones bursátiles de ningún tipo”, afirmó en un mensaje en redes sociales.