Después de exigir, de empujar y acompañar la ley que interrumpe voluntariamente el embarazo, dentro de un periodo determinado, otra vez se vuelve a discutir el derecho al aborto.
Una discusión con olor a naftalina, pero que el presidente Javier Milei se encargó de abrir en Davos, donde afirmó que «los socialistas» apelan a «mecanismos de control poblacional» con «la agenda del aborto».
En una nota publicada en Infobae, el procurador del Tesoro Rodolfo Barra, junto al exsenador Eduardo Menem, y la exdiputada Cristina Guzmán, aseguró que la vida es un «derecho constitucional».
“La propiedad privada y la libertad individual van unidas en influencia recíproca. Pero claro, sin el respeto por la vida humana, la propiedad y la libertad carecen de sentido”, afirman quienes defienden la vida humana antes del nacimiento. Luego, al parecer, el Estado no debe interceder. A las cifras que difunden sobre la pobreza infantil, las políticas no parecen llegar.
En palabras de los autores de la nota, “en nuestro ordenamiento jurídico, las disposiciones constitucionales de protección a la defensa de la vida humana no se cumplen para un amplio sector de la población”.
“Conforme con información suministrada por las autoridades de salud, ‘en la República Argentina se matan a alrededor de 100.000 niños por año como consecuencia de la práctica del aborto autorizado (y hasta fomentado) por la ley 27.610′, eufemísticamente denominada “de interrupción voluntaria del embarazo”, cuando lo que en realidad se interrumpe es la vida de un ser humano durante el embarazo de la madre″, continúan.
Datos falsos, otra vez
Las cifras que enumeran en la nota no son correctas. No se asesinan niños, y no serían 100.000. Según los datos brindados por la exministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, “entre enero y septiembre de 2022 las provincias informaron 59.267 interrupciones en condiciones seguras en el sistema público de salud, y 73.487 en 2021”.
Además, entre enero y septiembre de 2023 (último mes con datos disponibles), se registraron 69.421 interrupciones voluntarias y legales de embarazos en todo el país. Es decir, en tres años, apenas superan los 200 mil casos.
Además, las muertes maternas por aborto descendieron de 23 en 2020 a 13 en 2021 (último dato disponible), según el Ministerio de Salud de la Nación, y se registró un descenso en la tasa de fecundidad adolescente, que pasó de 15,4 por mil mujeres de 10 a 19 años en 2020, a 13,7 por mil en 2021. Esto representa una disminución de 1,7 puntos en un año.
Sobre la Ley 27.610 de Acceso a la IVE
La Interrupción Voluntaria del Embarazo se sancionó en diciembre de 2020. La Ley 27.610 garantiza la interrupción del embarazo en el sistema de salud como derecho si una persona con capacidad de gestar así lo elige. También regula la interrupción del embarazo en el sistema de salud como derecho si una persona con capacidad de gestar y la interrupción bajo un modelo mixto de plazo y causales.
Así, la ley reconoce el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación inclusive, con solo expresar la decisión de abortar, sin tener que explicar motivos. Y, a partir de la semana 15, reconoce también el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) si es consecuencia de violencia sexual o hay un peligro para la salud o la vida de la persona gestante.
Se trata de una ley de orden público, por lo cual es de aplicación obligatoria en todo el país y de cumplimiento obligatorio por el sistema público de salud, obras sociales y prepagas que deben garantizarlo en forma gratuita.
Con información de Chequeado