Con el objetivo de «disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio», el Gobierno nacional dispuso la derogación de 69 normas relacionadas con Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento.
A través de un comunicado, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, afirmó que «el sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria».
Mediante la resolución 51/2024 publicada en el Boletín Oficial, se derogaron las 59 normas que «obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado», indicó la Secretaría de Comercio.
«Se trabajó en el relevamiento de las normas de cada área a su cargo con el objetivo de desburocratizar la gestión, simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado, eliminar superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias, a partir de la derogación de leyes como la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios», añadieron.
Puntos alcanzados
Entre lo alcanzado se encuentran el Sifire, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el Sipre, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno anterior.
«Ambos sistemas generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior», se indicó.
También afecta las normativas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, que establecían su supervisión y cumplimiento.
Además, apunta a regímenes informativos de precios máximos, como Precios Cuidados, y toda norma complementaria del programa Precios Justos, ya que el mismo había finalizado el 8 de diciembre de 2023.
Asimismo, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies y de las normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada.
Otra es la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores «que violaba aspectos básicos de la Constitución Nacional de acuerdo en lo que establece el artículo 42, de usuarios y consumidores».
Estas derogaciones son el resultado de una primera etapa de relevamiento, a la que seguirán otras medidas, se informó.
Con información de Télam