La Constitución Nacional promueve derechos de todo tipo para asegurar que la población acceda a políticas públicas que le mejoren la vida. Uno de ellos es el acceso a una vivienda digna, consagrado en el artículo 14 bis que fue agregado en la reforma de 1994.
Muchos fueron los gobiernos que pasaron desde ese entonces, y en la mayoría no se pudo, o no se quiso, llevar adelante programas apuntados a los barrios más precarios, los hoy llamados populares. Recién en los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández se ejecutó una política específica que comenzó a cambiar esa realidad.
De acuerdo a los datos oficiales, en los 6.467 asentamientos populares del país viven alrededor de 5 millones de personas que no tienen acceso a servicios tan básicos como agua y cloaca, y cuyas viviendas presentan un marcado hacinamiento. La decisión de Javier Milei de desfinanciar el fondo que buscaba mejorarlos afectará a una parte importante de la sociedad argentina.
El inicio de una política pública sostenida
En 2016 se dio un hecho inédito: el gobierno de Mauricio Macri llegó a un acuerdo con organizaciones sociales, iglesias y ONG’s para avanzar en la realización de un relevamiento nacional de barrios populares en todo el país. Conocer el número real de la problemática era fundamental para poder implementar políticas públicas en ese sector.
Los más de 16.000 relevadores se adentraron en cada vivienda de las villas y asentamientos de la Argentina para comenzar a conocer la realidad de esos barrios. Fue un trabajo que permitió generar las estadísticas necesarias para delinear un programa habitacional profundo.
En 2017 se creó el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que permitió sistematizar los datos y entregar un Certificado de Vivienda Familiar a cada habitante. Con ese instrumento legal se podía acreditar la existencia y veracidad del domicilio ante organismos del Estado y empresas de servicios públicos, un paso clave para el proceso de urbanización.
Un año después, con una amplia mayoría en ambas cámaras, el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 27.453 de Barrios Populares, oficializando el régimen de integración socio urbana y declarando de utilidad pública los terrenos e inmuebles afectados.
Finalmente, en diciembre de 2019, pocos días antes de dejar la gestión, se creó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que permitía que la política pública pudiera financiarse.
La continuidad
El decreto que creaba el fondo fiduciario también le daba el control del mismo a una nueva área, la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, con la llegada de Alberto Fernández, ese organismo tuvo idas y vueltas en su primer año. Fue transferido al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat hasta la renuncia de su ministra María Eugenia Bielsa, para volver a Desarrollo Social en octubre de 2020.
Fue en ese momento, y pasados los primeros meses de pandemia, que llegó un punto clave, el de la obtención de recursos reales para el organismo. Por un lado, el 15% del impuesto a las grandes fortunas, que se cobró por única vez y aportó unos $37.000 millones al FISU. Por el otro, un 9% del impuesto PAIS a los gastos en moneda extranjera, una fuente más constante y duradera que alcanzó los $500.000 millones.
Según expertos internacionales en la materia, urbanizar todos los barrios populares costaría al menos 26 billones de pesos.
Durante los siguientes tres años, la SISU planificó, financió y ejecutó obras en todo el país, con varios programas tanto para hogares como para barrios. El más difundido fue “Mi Pieza”, que entregó subsidios a mujeres de los sectores populares para poder mejorar sus viviendas particulares. En total se financiaron más de 260.000 obras. También se avanzó con infraestructura básica, como veredas, servicios de agua, electricidad y cloacas. Además del equipamiento urbano para deportes, salud, educación y desarrollo comunitario. En total se invirtieron $536.000 millones en 1246 obras, buena parte de las mismas finalizadas en 2023. El resto contó con procesos de ejecución avanzados, quedando para la siguiente gestión su terminación.
La demonización libertaria
El congelamiento de la obra pública fue una de las primeras consecuencias de la llegada de Javier Milei a la presidencia. Bajo el lema “no hay plata”, el mandatario mandó a frenar toda la inversión que hacían el Ministerio de Hábitat y la SISU. La nueva cartera de Infraestructura absorbió sus responsabilidades pero no avanzó en la ejecución de lo ya proyectado e incluso detuvo lo iniciado.
Aunque todo apuntaba a que la inversión en los barrios populares fuera mínima, los libertarios comenzaron una campaña de desprestigio hacia una política pública que atravesó dos gestiones y que tuvo controles de todo tipo, tanto públicos como universitarios y de organismos internacionales.
Semanas atrás comenzó a circular una noticia que aseguraba que Juan Grabois había manejado un fondo con miles de denuncias de corrupción. En los hechos, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos no estuvo a cargo de la SISU, pero si su compañera Fernanda Miño, quien fue titular hasta 2023.
Sin embargo, fue el propio Sebastián Pareja, elegido por Javier Milei para hacerse cargo del área, quién salió a defender el organismo, asegurando que si “la SISU no fue la única secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo”. Además, mencionó que el 80% de las obras tenía el presupuesto ejecutado y que el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) demostraba que el manejo era transparente.
Sobre las auditorías, el funcionario aseguró también que existían varios controles, entre ellos el de otros organismos del Estado, el de auditores de Universidades y Colegios Profesionales y hasta del Banco de Inversión y Desarrollo (BICE).
La estocada final
A pesar de que los números demuestran la falta de delitos, el gobierno avanzó lentamente en lo que parece ser la eliminación de una política pública. El decreto 193/24 desfinanció el FISU, bajando del 9% inicial del impuesto PAIS a sólo el 1%. En los hechos se busca quitarle todos los recursos al área.
Javier Milei detuvo así una política de Estado iniciada por un gobierno macrista y profundizada por uno peronista, dejando afuera del derecho a la vivienda digna a 5 millones de argentinos. Una mancha más dentro de un gobierno que tiene como único fin ajustar a los sectores populares en beneficio de los sectores concentrados de la economía.