El directorio del CONICET emitió un comunicado expresando su absoluto rechazo a la decisión de limitar al 31 de marzo la renovación de contratos del personal administrativo y técnico de la institución, es decir, dejar a 1.600 personas desempleadas.
El documento busca evitar el recorte anunciado por el Gobierno Nacional que apunta a reducir hasta un 30% el personal de la administración pública nacional y advierte que los trabajadores que se pretende despedir, son esenciales para “el futuro de la ciencia nacional y del desarrollo federal del país”.
En profundidad. Mediante un documento, los ocho miembros que integran el directorio, advirtieron que “dejar al CONICET sin el personal administrativo y técnico necesario implica paralizarlo y poner en riesgo el funcionamiento de un actor central del sistema de ciencia y tecnología nacional”, y remarcaron el reconocimiento que el organismo tiene a nivel regional e internacional.
Según detalla el documento, los 1.600 empleados administrativos y técnicos cuyos contratos podría no ser renovados en abril son esenciales para el funcionamiento de las carreras de investigador (de 12.150 miembros); del personal de apoyo (3.050 miembros) y de 10.900 becarios doctorales y posdoctorales, que se forman en tareas de investigación científica y tecnológica.
“Este personal administrativo y técnico contratado, altamente especializado y capacitado, trabaja en CONICET desde hace años dando soporte a los procesos de planeamiento, seguimiento y evaluación de actividades de investigación, y permite el funcionamiento de los más de 300 institutos y Centros Científicos Tecnológicos que se encuentran en todo el territorio nacional”, explicó el directorio.
Excelente declaración del Directorio del CONICET en rechazo a todo tipo de despidos en el organismo.
Sin ciencia no hay futuro. pic.twitter.com/q4yETjadQj
— Daniel Filmus (@FilmusDaniel) March 20, 2024
El plan “motosierra”, que ahora apunta a contra los puestos de trabajo en la administración pública nacional, comenzó a dos semanas de la asunción presidencial, cuando se anunció la no renovación de 7 mil contratos suscriptos en 2023. Esta nueva etapa, en la que se espera una reducción de 20 al 30 por ciento del personal, estaba siendo comandada por Armando Giubert, secretario de Transformación del Estado, quien presentó su renuncia tras el escándalo por el aumento salarial del mandatario.
Además de las cesantías ejecutadas en 2023, el plan de desguace estatal de Javier Milei avanzó con recortes en el PAMI, 165 despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, más de 200 en AYSA, 50 en el ENACOM, 50 en el Conicet, 26 en la Secretaría de Derechos Humanos, 170 en el INCAA, entre muchos otros. Además de los anuncios del cierre de Télam (700 empleados), el INADI (400 empleados) y el Instituto de Agricultura Familiar (900 empleados), que no fueron operativizados hasta el momento.