La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió finalmente al Congreso de la Nación cuatro proyectos de ley con los que busca hacer efectiva la reforma de seguridad interior mencionada en las últimas semanas. Entre las propuestas del Poder Ejecutivo, aparecen variantes judiciales que disminuyen o eliminan las penas para aquellos integrantes de las fuerzas de seguridad que cometan gatillo fácil y apuntan a endurecer las penas en casos de reincidencia. Además, se suma la posibilidad de que se determine la prisión preventiva en “hechos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión”, como puede ser una manifestación en la vía pública.
En profundidad. Tal como se había incluido en el primer proyecto de la ley ómnibus, el gobierno de Javier Milei propone modificar el Código Penal para que las fuerzas de seguridad puedan cometer crímenes de gatillo fácil sin sufrir represalias. Dentro del proyecto, y bajo el término “legitima defensa”, los ministros buscan incorporar “una previsión por la cual quien iniciare el curso de una acción delictiva que implique fuerza o violencia no tendrá derecho a indemnización alguna por las consecuencias que se derivaren de esa situación y que en tales casos, ni él ni sus herederos podrán instar la acción penal contra los que intentaron impedir la comisión del delito”.
“Los efectivos de las fuerzas de seguridad se han visto inhibidos de actuar ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa. En ese sentido, el proyecto prevé que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual”, opinó el Ministerio en la redacción del proyecto.
Además, el proyecto trata la reincidencia, y destaca que “las modificaciones que se proponen vienen a solucionar ese problema al reformar las normas que hasta ahora no contemplan a una persona ya condenada como antecedente para considerarla reincidente, sino que la ley exige que se haya cumplido al menos una parte de la pena en prisión”. “Una persona podría ser condenada innumerables veces a una pena de prisión en suspenso sin ser nunca considerada reincidente”, se lee.
Enviamos al Congreso un paquete de cuatro proyectos de ley diseñados para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en Argentina.
Esta iniciativa incluye la creación de una nueva Ley Antimafias, la expansión del Registro Nacional de Datos Genéticos, y modificaciones en la… pic.twitter.com/IcQrvfCXXA
— Ministerio de Seguridad (@MinSeg) April 16, 2024
En el mismo proyecto, se propone eliminar el artículo 218 del Código Procesal Penal, al que el Ejecutivo definió como “contradictorio”. Actualmente, el artículo prohíbe la prisión preventiva cuando se trata de hechos cometidos “en el ejercicio de la libertad de expresión o como consecuencia de la crítica en cuestiones públicas”, como es el caso de una marcha que pueda terminar con disturbios.
Según el Gobierno, este artículo alude “a supuestos que no podrían constituir delito alguno”, aunque subrayó: “No obstante, ello no puede resultar en menoscabo de permitir la libre valoración procesal de un delito que pueda cometerse a través de una expresión verbal o escrita y que tenga la potencialidad de lesionar bienes jurídicos determinados”.
Además, el Ministerio de Seguridad incluyó dos proyectos más. Uno al que denominó “Ley Antimafias”, que se centrará en sancionar con severidad a los integrantes de organizaciones criminales, y el nuevo Registro de Datos Genéticos que “permitirá ampliar la capacidad de las autoridades para resolver crímenes”.