Corría el año 1976 y la dictadura estaba en su apogeo. A la violencia del aparato represivo del Estado nacional que desapareció y asesinó a 30.000 personas se sumaba una idea de orden público que la Ciudad de Buenos Aires planificaba ejecutar.
El brigadier Osvaldo Cacciatore era el intendente y decidió designar a la Comisión Municipal de Vivienda (CMV) para ejecutar un programa de erradicación de villas. Fue el titular de ese organismo, Guillermo del Cioppo, quien dejó en claro el proyecto que pensaban llevar adelante:
“Hay que hacer un trabajo efectivo para mejorar el hábitat, las condiciones de salubridad e higiene. Concretamente: vivir en Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que la merezca, para el que acepte las pautas de una vida comunitaria agradable y eficiente. Debemos tener una ciudad mejor para la mejor gente”.
Esa idea de que hay que merecer vivir en la Ciudad, rescatada por Oscar Oszlak en su ya clásico libro, parece ser una consigna del actual Jefe de Gobierno porteño. La medida de Jorge Macri de expulsar a las personas en situación de calle para imponer el “orden y la limpieza” en Buenos Aires sigue las mismas banderas que la derecha utiliza desde hace décadas.
La erradicación
La Junta Militar que asumió las funciones estatales tras el golpe de Estado de 1976 tenía bien en claro lo que tenía que hacer con los sectores populares. Décadas de crecimiento de villas y asentamientos iban a encontrar su límite en el plan de Erradicación de Villas de Emergencia del presidente Jorge Rafael Videla.
Fue el intendente Cacciatore el encargado de implementarlo en la Ciudad, con un despliegue que echó a los habitantes de esos barrios sin mediar consenso de ningún tipo. Hubo desalojos forzados, topadoras que destruyeron casillas en minutos y traslados hasta otras provincias o países.
En el diario Clarín del 26 de agosto de 1976, a meses de iniciada la dictadura, se dejó en claro que “la Municipalidad, responsable de la urbanización y ornato de la ciudad, no puede ni debe tolerar la proliferación de construcciones de emergencia”. El concepto ornato refiere al mantenimiento del espacio público, en un sentido estético e higiénico.
De las más de 200.000 personas que habitaban en las villas en 1976 sólo quedaron unas 8.000 al finalizar la dictadura. La idea de que sólo había un sector que merecía vivir la ciudad quedaba en claro y se repetiría años después.
La patota de Mauricio
En octubre de 2008 el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, creó por decreto la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), un organismo destinado a “mejorar el orden y la organización en el espacio público”. De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, buscaba “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes”.
Sin embargo, la UCEP terminó siendo una patota integrada por barrabravas de Boca Juniors y Nueva Chicago que se encargaron de amenazar, intimidar y golpear a las personas en situación de calle, desplazándolas de los lugares en donde vivían.
En un informe presentado por la Defensoría del Pueblo, el CELS y la Defensoría General de la Ciudad se detalló que esa unidad tenía “un patrón de actuación clandestina e ilegal”, procediendo de noche, sustrayendo las pertenencias de quienes vivían en la calle y llevando adelante los operativos sin una decisión administrativa que lo habilitase.
La justicia recibió decenas de denuncias e imputó tanto a los integrantes de la UCEP como a los funcionarios responsables de su funcionamiento. Sin embargo, la causa por los delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público aún no tiene condenados. Incluso en 2017, siendo Presidente de la Nación, Mauricio Macri fue sobreseído por la Corte Suprema.
El primo y la continuación de un legado
Las publicaciones de Jorge Macri en su cuenta de Instagram llamaron la atención pero no pueden sorprender a quienes conocen la historia de la liberación del espacio público en la Ciudad. La sucesión de imágenes de una esquina antes y después de expulsar a las personas en situación de calle son una muestra más de las políticas públicas de la derecha porteña.
La expulsión de quienes viven a la intemperie no es algo nuevo para la actual administración. Desde el mes de febrero el Ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, realizó varias publicaciones en redes para destacar los desalojos. En algunos casos se mencionaba el acompañamiento social de los equipos, en otros simplemente se hablaba de “revincular a la familia en su domicilio de Florencio Varela”.
La idea de Mauricio y Jorge Macri es similar a la utilizada en la dictadura. Como mencionaba Oszlak en “Merecer la Ciudad”, en ese momento se buscó demostrar que Buenos Aires debía ser el “lugar de residencia propio de la gente decente, reafirmando valores como orden, pulcritud y ausencia -al menos visible- de pobreza y marginalidad”.
Los años pasan, pero las políticas públicas de expulsión de los sectores populares se siguen perpetuando en la ciudad más rica de Latinoamérica.