Qué es el RIGI y por qué es un punto fundamental en el Senado

El oficialismo impulsa un régimen por treinta años que busca captar las inversiones internacionales. "El RIGI es el Estatuto Legal del Coloniaje versión siglo XXI", sostuvo Cristina Fernández de Kirchner al respecto. Qué plantean los funcionarios opositores.

El Senado comenzó a debatir en comisiones la Ley Bases y el paquete fiscal. Las intenciones del oficialismo de avanzar esta semana y obtener un dictamen para que los proyectos se discutas en el pleno de la Cámara alta lo más rápido que se pueda se vieron dificultadas por las críticas de los distintos bloques opositores al RIGI, es decir, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversores, una medida que planea otorgarle beneficios fiscales a las inversiones mayores a los 200 millones de dólares. Conocé en profundidad de qué se trata y por qué la oposición buscará su rechazo.


En profundidad. El RIGI ofrece distintos incentivos para aquellas inversiones de al medios 200 millones de dólares que se ejecuten en los próximos dos años con al menos un 40% de la inversión realizada en el primer año.

Podrán inscribirse en el régimen, que tendrá un plazo de 30 años, los proyectos destinados a cualquier sector económico y entre los beneficios otorgados a los inversores se destaca la reducción de la tasa de Ganancias de 35% a 25%; una tasa para el pago de dividendos y utilidades fija de 7% para los primeros 3 años y de 0% para los años subsecuentes; la exención del pago de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes, componentes e insumos; la exención de derechos de exportación a partir de los 3 años para las inversiones en general y de los 2 años para aquellas que se consideren exportaciones estratégicas; plena disponibilidad sobre los productos y libre disponibilidad del 20% de las divisas generadas por exportaciones a partir del primer año, del 40% desde el segundo y del 100% del tercero en adelante.

En cuanto a las criticas al régimen, durante la sesión de ayer del plenario conformado por las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales del Senado, referentes de distintos bloques opositores como Anabel Fernández Sagasti de Unión por la Patria, Martín Lousteau del radicalismo y Guadalupe Tagliaferri del PRO cuestionaron duramente el proyecto.

Para Fernández Sagasti, el RIGI “claramente viola la Constitución y la autonomía de las provincias”, ya que puede “vulnerar las leyes provinciales si estas van en contra de las inversiones que se apliquen bajo esta legislación”.

“Este es un régimen hiper generoso, a mí me parece excesivamente generoso”, sostuvo por su parte Lousteau, y agregó: “Se supone que es para traer inversiones de otros lugares, como supuestamente hacen Chile y Perú. Me gustaría saber si tienen la comparación de cuánto somos de más generosos que en Chile y en Perú, porque en mí opinión somos mucho más generosos que en esos países”.

“Estamos creando un nuevo régimen especial a treinta o cuarenta años, donde (las empresas) no tienen ninguna obligación de acompañar, fortalecer, comprar metalmecánica argentina, absolutamente ninguna, y tienen derechos de exportación diferencial al resto de la industria argentina”, cuestionó Tagliaferri. “Tampoco entiendo por qué la necesidad de aclarar que no van a tener ningún tipo de restricción al acceso al mercado cambiario. ¿No vamos a sacar el cepo?”, agregó.

En simultáneo

Otra en cuestionar el régimen impulsado por Javier Milei y su gabinete fue la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, quien durante la inauguración del Salón de las Mujeres del Bicentenario en el Instituto Patria aseguró que el RIGI “es el Estatuto Legal del Coloniaje versión siglo XXI”.

Además, la Unión Industrial Argentina (UIA) que en general acompaña la Ley Bases y el paquete fiscal, advirtió que la normativa “podría fomentar la competencia desleal en detrimento de los proveedores nacionales”. A su vez, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina consideró en un comunicado que, de aprobarse, el RIGI podría atentar “directamente contra la producción nacional al otorgar un trato preferencial a bienes importados que compiten con los productos nacionales”.