El Estado argentino se comprometió, hace cuatro años, a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa. Ante este panorama el observatorio Lucia Pérez, de manera autogestiva, recompila la información necesaria para reflexionar sobre qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.
En profundidad. Según indica el informe, de público y libre acceso, hasta el momento hay 498 funcionarios denunciados por violencia de género, de los cuales, 157 pertenecen al Poder Ejecutivo, 117 al Poder Judicial, 72 al Poder Legislativo, 71 a las Fuerzas de Seguridad y 69 a la Iglesia católica. En cuanto a dónde se radicaron la denuncias, encabezan la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y las siguen Córdoba y Entre Ríos.
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El registro, que formalmente le correspondería realizar al Poder Ejecutivo y que hasta hoy incumple, se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas misóginas en las burocracias estatales. Resultan en la ausencia de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y disidencias.
Con estos datos ya no hablamos de que sólo el “Estado es responsable”, ineficiente o ausente. Hoy, el Estado es cómplice y violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.
Sólo en 2024, hubo 35 funcionarios denunciados por violencia laboral, de género, acoso sexual y abuso de poder. Las víctimas son, en su mayoría, parejas, exparejas y empleadas de los denunciados, y un dato a destacar del informe es la exposición de denuncias hacia funcionarios de la Iglesia Católica. Como es el caso del monseñor Mario Antonio Cargnello y del sacerdote Lucio Ajaya, denunciados en Salta por intimidación y violencia de género por religiosas del convento San Bernardo en abril de este año. O como el caso de Manuel Pascual, sacerdote del barrio de Nuñez, denunciado por abuso sexual a monjas en marzo de este año.
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Además, el 30 de abril el observatorio reveló 102 femicidios y travesticidios en lo que va del año. Según destacaron, durante abril, fueron 13 femicidios y un travesticidio: Dámaris Julieth León Guamán, en el barrio porteño de Almagro, tenía 38 años y la encontraron sus amigas. El asesinato de Damaris generó movilizaciones, fue una de las 118 marchas que se registraron durante el año (prácticamente una por día).
Además, como resultado de los 102 femicidios y travesticidios se registraron además 65 huerfanxs por femicidios.
Por último, el observatorio registró 75 tentativas de femicidios. “No son cifras, es la cartografía de la violencia patriarcal”, sostuvieron al publicar el informe.