En el marco de una escasez de gas en estaciones de GNC que se da en simultáneo a la decisión del Gobierno de frenar las obras en Vaca Muerta, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Carlos Casares, envió una nota a las principales transportistas y distribuidoras de gas del país para que identifiquen y cuantifiquen los contratos de gas interrumpibles. Esta medida se asocia a la ola polar que implicará una alta demanda este fin de semana.
En profundidad. La decisión gubernamental, que afectará a estaciones de GNC, industrias y grandes comercios, tiene como objetivo asegurar la demanda residencial. Este último tiene carácter de ininterrumpible, a diferencia de los interrumpibles que son clientes en los que se prevé interrupciones con avisos previos.
Frente al crecimiento de la demanda por las bajas temperaturas, en los últimos días se detectó una baja en el suministro de GNC para automóviles, que podría agravarse este fin de semana.
La semana pasada las distribuidoras ya tuvieron que cortarle el suministro “interrumpible” a más de 100 estaciones de servicio que comercializan Gas Natural Comprimido (GNC) para vehículos, por lo que se suspendió la venta a los usuarios en un centenar de ciudades.
En simultáneo
En la actualidad, el Gasoducto Néstor Kirchner aporta 11 millones de m3, pero debería estar en los 24 millones de m2/d diarios, si se hubiesen instalado las tres plantas comprensoras en las localidades de Tratayén, Salliqueló y Mercedes, como estaba previsto.
El corte abrupto que decidió la actual gestión sobre las erogaciones de obra pública, impacta directamente en un insumo que sobra en la Argentina.
Como las obras se frenaron a cero en noviembre pasado, pese a que las empresas constructoras firmaron con la nueva conducción de Energía Argentina (Enarsa). Incluso, a Sacde se le debe un pago de US$25 millones, mientras que la UTE Esuco-Contreras Hermanos reclama US$10 millones (que trabajan en las plantas comprensoras sin finalizar).
De esta manera, durante los 90 días de menor temperatura del año el Gobierno pagará US$13 extra el millón de BTU, afrontando un costo adicional de US$450 millones.