La Cámara Federal porteña respaldó la medida cautelar del juez Sebastián Casanello, que exige al Gobierno la elaboración de un plan de distribución de los alimentos almacenados en Tafí Viejo, Tucumán, y en Villa Martelli. Se trata de comida que debe repartirse a comedores populares y merenderos.
En profundidad. Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico ratificaron la decisión del juez Casanello y solicitaron al Ministerio de Capital Humano que desarrolle un plan detallado de distribución de alimentos, considerando su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de beneficiarios, con la exigencia de una ejecución inmediata. A pesar de que se otorgó un plazo de 72 horas para cumplir con esta medida, el Gobierno no logró hacerlo.
La decisión de la Cámara Federal se basa en la investigación de posibles actos delictivos relacionados con la suspensión de la entrega de alimentos a los comedores comunitarios por parte de funcionarios públicos. En este sentido, se reconoce el uso de herramientas preventivas por parte del juez Casanello para evitar la comisión de actos ilícitos o mitigar sus efectos.
Por su parte, el juez Boico rechazó las acusaciones de que el Poder Judicial estaría invadiendo las responsabilidades del Poder Ejecutivo al intervenir en políticas de distribución alimentaria para grupos vulnerables.
«A cuenta de ello, insisto, no es cierta la vehemente afirmación, incluso desmedidamente adjetivada, de que el Poder Judicial de la Nación estaría invadiendo incumbencias exclusivas del Poder Ejecutivo al pretender instrumentar políticas de Estado referidas a la distribución alimentaria orientada a colectivos vulnerables. Es justamente lo contrario», expresó.
Cruce entre Grabois y Gianni
Asimismo, en un tono crítico, el juez Farah señaló que las partes involucradas en la disputa a la salida de la audiencia, en particular Juan Grabois y Leila Gianni, funcionaria de Pettovello. Sobre ese punto, aseguró que «no contribuyeron en nada para la solución del caso. Todo lo contrario».
«Pusieron en evidencia en los tribunales la misma intolerancia de muchas personas que se ve a diario a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, la falta de intención de arribar a entendimientos y la ausencia de una predisposición común para aportar soluciones eficaces y duraderas para los problemas económicos de los argentinos, que se acentúan desde hace décadas».
En conclusión, la confirmación de la medida cautelar por parte de la Cámara Federal marca un paso importante en la protección de los derechos alimentarios de los sectores más vulnerables de la población, así como en la supervisión de las acciones gubernamentales relacionadas con la distribución de alimentos para los comedores comunitarios.