El Gobierno de la Nación anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), entidades dependientes del Ministerio de Justicia conducido por Mariano Cuneo Libarona. Los espacios brindaban atención legal primaria y gratuita a personas en situación de vulnerabilidad. Desde ATE denuncian que con estas resoluciones, existe el peligro de que haya 400 despidos más.
En profundidad. Como vienen haciendo sistemáticamente desde el Gobierno de LLA, mediante un comunicado, el Ministerio de Justicia justificó que el cierre de los centros se debe a que “brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias”. La cartera sostuvo que “el Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones”. En la misma línea, aseguraron que el gasto de funcionamiento “le costaban a los argentinos más de 8 mil millones de pesos por año”.
Las autoridades ministeriales afirmaron que “en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más”, destacaron que “este gobierno cuida el dinero de los contribuyentes” y recordaron que “todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos”.
— Ministerio de Justicia (@jusgobar) June 10, 2024
Frente a este panorama, desde ATE advirtieron que el cierre de estos centros de acceso a la justicia simboliza 400 despidos. Desde ATE detallaron que los CAJ “están integrados por equipos interdisciplinarios de abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, mediadores comunitarios y personales administrativo” y describieron que “se encargan de realizar un abordaje Integrales de las problemáticas jurídico-psicosociales para garantizar una escucha transversal e interdisciplinaria. Habitualmente, en cada caso que asisten hay uno o más derechos insatisfechos”.
Actualmente, la cartera de Cuneo Libarona cuenta con 105 centros en todas las provincias, en barrios vulnerables, que una vez que se concrete el cierre de las 81 dependencias, quedarán 24 a nivel nacional, es decir, uno por provincia.
Los trabajadores se encuentran en situación de alerta por los inminentes despidos en todo el país y denuncian que en el área registran un total de 270 despidos desde el mes de diciembre.