El Gobierno de la Nación, finalmente declaró la emergencia pública ferroviaria, una medida que ya había sido anticipada semanas atrás. Se oficializó a través de un DNU publicado en el Boletín Oficial con la firma de Javier Milei mientras se debatía la Ley Bases. La medida afecta a los servicios de pasajeros y cargas.
En profundidad. La declaración de la emergencia ferroviaria se dio tras la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la cual mantuvo entre las empresas a concesionar al Belgrano Cargas y a la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. La medida fue fijada por un plazo de dos años, prorrogable por única vez por el mismo período.
Esto afecta tanto a los servicios de transporte de pasajeros y de cargas, como a todas las actividades relacionadas con la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la operación de los servicios ferroviarios en la Red Ferroviaria Nacional.
El decreto asigna como autoridad de aplicación a la Secretaría de Transporte, quien deberá elaborar un plan de acción, dentro del término de 15 días, con las “medidas indispensables y urgentes” que resguarden la seguridad operativa de la prestación del servicio de transporte ferroviario en base a las propuestas que hagan las empresas ferroviarias.
Según lo dispuesto, las firmas tendrán que “efectuar un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando una breve descripción de las mismas, plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuente de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad, como así también, en caso de ser necesario, las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales con ámbito de actuación en el sector y demás cuestiones que se consideren pertinentes a los efectos de revertir la situación de emergencia”.
Tanto la Secretaría de Transporte como las empresas, podrán dejar sin efecto los procedimientos de contratación que “no se encontrasen perfeccionados y las contrataciones que no tuvieran principio de ejecución, como así también disponer, por razones de emergencia, la renegociación o, en su caso, rescisión de los contratos de cualquier tipo, dentro de las pautas establecidas por el presente decreto”.
El Gobierno, además, se comprometió a montar un presupuesto adicional de $1.293.780.000.000 para el fortalecimiento del sistema ferroviario. Asimismo, se indicó que 350 mil millones de pesos “deberán imputarse en el presupuesto 2024”.
🚨 Alerta. Boletín Oficial.
El Gobierno decreta la Emergencia Pública en Materia Ferroviaria por 24 meses.
Las empresas públicas de ese sector deberán presentar un plan de readecuación y priorización de obras. pic.twitter.com/aSxgSlGa8Y
— Julián Alvez (@alvezjulian_) June 13, 2024
En simultáneo, en la Secretaría preparan el terreno para una serie de despidos masivos. Dicen contar con estudios que lo avalan en nombre de la eficiencia. Según los análisis que vocean, hay 8.000 trabajadores que deberían ser echados en los próximos meses en virtud de la cantidad de pasajeros que transportan las unidades ferroviarias. En Casa Rosada, en tanto, sostienen que Trenes Argentinos “tiene 33.000 empleados y debería funcionar con 3.000”. La principal dificultad que encuentra el Gobierno para avanzar con el plan es la falta de recursos habilitados por el ministro de Economía, Luis Caputo, para pagar una gran cantidad de indemnizaciones.