El debate por la Ley Bases tuvo como saldo 35 personas detenidas en la Ciudad de Buenos Aires en medio de una fuerte represión. Sobre todas ellas pesa un pedido de prisión preventiva, emitido por el fiscal nacional Carlos Stornelli, que basó su decisión en notas periodísticas y en un tweet que hizo la Oficina del Presidente de la Nación, un órgano inexistente en el Estado, en el que hicieron referencia a “grupos terroristas” y a la intención de “perpetrar un golpe de Estado”.
Organizaciones de derechos humanos sostienen que el proceso de criminalización apunta a “inhibir la protesta”. Además, señalaron, que la práctica del fiscal es “ilegítima”. Además, la diputada nacional Myriam Bregman denunció ante periodistas que las y los detenidos reciben “tratos totalmente degradantes e inhumanos, una práctica de torturas que no podemos naturalizar”.
Esta mañana jueza María Romilda Servini de Cubría comenzó a rechazar los pedidos de excarcelaciones de los detenidos. Los pedidos fueron formulados por abogadas/os de CORREPI, CeProDH, CADEP, y otros organismos, pero la jueza dio lugar al pedido del fiscal Stornelli.
En profundidad. Del total de las personas detenidas en el mega operativo desatado durante la tarde del miércoles, 23 habían quedado bajo la órbita de la Justicia de la CABA y las otras diez, en manos de la federal. El pedido de Stornelli fue hecho para este segundo grupo, sin embargo, todas quedaron bajo su órbita luego de que la Justicia porteña se declarara incompetente.
🔴El operativo de represión escala de manera desproporcionada:
Las fuerzas de seguridad están usando balas de gomas, camiones hidrantes, gases lacrimógenos MK- 9 y hay efectivos de PNA portando armas de fuego. pic.twitter.com/wKNOzXihxA
— CELS (@CELS_Argentina) June 12, 2024
Stornelli busca determinar “eventuales roles de cada uno de los intervinientes y posibles vinculaciones entre sí” -algo necesario para poder encuadrarlo en esa figura de “terrorismo”- ante lo que consideró “graves hechos” ocurridos en las inmediaciones del Congreso de la Nación. El fiscal, además, habló en su pedido de “violencia colectiva”, de “organización” y de “alzamiento del orden constitucional y la vida democrática”.
Sus palabras fueron en línea con lo planteado por la OPRA a la tarde, que felicitó el accionar de las Fuerzas de Seguridad “reprimiendo a los grupos terroristas” que “intentaron perpetrar un golpe de Estado”. Incluso, la ministra a cargo del operativo, Patricia Bullrich, habló de “sedición” y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, sostuvo que “los delincuentes que atentaron contra las instituciones de la democracia”.
Desde el @SenadoArgentina vamos a denunciar a los delincuentes que ayer atentaron contra las instituciones de la democracia.
Vamos a hacerles pagar todos los daños materiales dirigidos hacia los edificios históricos y veredas del Congreso Nacional.
La Argentina de la sedición y…— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 13, 2024
El fiscal asegura que los detenidos cometieron: “delitos contra la seguridad pública”, “instigación a cometer (otros) delitos”, “intimidación pública”, “incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones”, “organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, “resistencia a la autoridad” y “perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos”. Todo “con el posible agravante” de ser considerados actos terroristas.
. El fiscal toma como información sobre los hechos: la comunicación de la «Oficina del presidente», Clarín y La Nación
. Nada dice el fiscal sobre la represión en general
. Nada sobre la represión a diputados
. Nada sobre el uso del gas que pone en riesgo la vista y daña la piel— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) June 14, 2024
La causa que lleva Stornelli desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 cayó en manos de la jueza María Servini de Cubría, que deberá definir sobre la prisión preventiva. En principio, esta mañana comenzó a rechazar los pedidos de excarcelaciones formulados por abogadas/os de CORREPI, CeProDH, CADEP, y otros organismos de Derechos Humanos.
La causa la recibe en medio de denuncias de las familias y de diversas organizaciones, incluso por parte de universidades nacionales, que reclaman por sus estudiantes y por las malas condiciones de detención.
Una silla para siete mujeres. Esa es la situación de las compañeras detenidas en la Comisaría Comunal 15. Están hacinadas en un pasillo con una sola silla. Acá lo cuenta Nahuel Schiavoni, compañero de Sasha Lyardet, una de las siete detenidas. pic.twitter.com/iRMxF3iVxv
— Revista Cítrica (@revistacitrica) June 14, 2024
Este viernes a las 15 se realizará una conferencia de prensa donde participarán organizaciones que fueron reprimidas el miércoles. Será en la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), de Piedras 730 de la Ciudad de Buenos Aires, y allí se compartirá la situación de las y los detenidos ilegalmente.