El proyecto de ley para declarar “servicio estratégico esencial” a la educación pública avanza en la Cámara de Diputados. Con un acuerdo entre La Libertad Avanza, el PRO y diferentes bloques de la “oposición dialoguista”, el proyecto obtuvo dictamen en la Comisión de Educación y está listo para llegar al recinto.
La iniciativa prevé establecer un piso mínimo de clases a garantizar durante los días de paro, por lo que los gremios y los bloques de la oposición denuncian que busca restringir el derecho a huelga. Sostienen, además, que se basa en una concepción reduccionista de la escuela entendida sólo como “guardería”.
Pese al esfuerzo del kirchnerismo por evitar que los chicos tengan clases todos los dias, logramos dictaminar sobre el proyecto de ley para declarar a la Educación como Servicio Estratégico Esencial, que prioriza el derecho de los chicos a la educación con 180 días de clase. pic.twitter.com/qWxDuI4Avm
— Alejandro Finocchiaro (@alefinocchiaro) June 13, 2024
En profundidad. El principal impulsor del proyecto es Alejandro Finocchiaro, exministro en el último tramo del gobierno de Mauricio Macri y actual presidente de la Comisión de Educación. Sus proyectos originales sobre el tema, de hecho, datan de mucho antes del momento en que el actual oficialismo volvió a poner la cuestión en agenda al incluir la declaración de “servicio esencial” en el mega DNU de Javier Milei. En un apartado que luego suspendió la Justicia, el Gobierno de la Nación establecía allí que, en los días de paro, los docentes debían garantizar al menos el 75 por ciento de la “prestación”. Es decir, tres cuartos de los y las docentes no podrían hacer paro.
Luego del revés judicial, LLA incluyó la iniciativa en la primera versión de la Ley Ómnibus, pero no pudo superar la poda de artículos que derivó en el texto que finalmente llegó al recinto. Así, el proyecto de
Tras el revés judicial, el oficialismo incluyó la iniciativa en la primera versión de la entonces llamada Ley Ómnibus, pero no pudo superar la poda de artículos que derivó en el texto que finalmente llegó al recinto. Así, el proyecto de Finocchiaro, acompañado con la firma del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, volvió a ganar terreno y el jueves pasado obtuvo dictamen con un texto consensuado con otros proyectos como el de la diputada Carla Carrizo, de la UCR.
En comparación con la propuesta de LLA, tanto en el DNU como en la Ley Ómnibus que no fue, estamos frente a una versión “light”. En primer lugar por el porcentaje de “prestación” a garantizar durante los días de huelga, y que el proyecto busca modificar el Artículo N°3 de la Ley de Educación Nacional (LEN) para incorporar allí la creación de un “Sistema de Guardias Mínimas Obligatorias”, donde se deberá garantizar un mínimo de personal del 30 por ciento en medidas de fuerza que duren uno o dos días, mientras que el porcentaje se elevará al 50 por ciento cuando superen los tres días.
La segunda diferencia con respecto al proyecto original del oficialismo es la vía por la que la iniciativa de Finocchiaro busca introducir la modificación. En el DNU de diciembre, el Gobierno había incluido a la educación como “servicio esencial” en lo establecido por la Ley 25.877 de Régimen Laboral, que hasta el momento reconoce de esa manera a los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. El texto dictaminado el jueves, por el contrario, incorpora la declaración de “servicio estratégico esencial” sólo dentro de la Ley de Educación Nacional y no hace mención a la Ley de Régimen Laboral más que en el párrafo introductorio.
Esa ley, en tanto, establece que la incorporación de una nueva actividad como “servicio esencial” debe ser decidida por una comisión independiente actuando cuando la interrupción de la actividad por huelga pusiera en riesgo “la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población” o cuando la actividad fuera catalogada como de “importancia trascendental en función de los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Además de fijar el piso mínimo para los días de paro, el proyecto busca establecer un mecanismo interno dentro de las escuelas para que ese porcentaje se garantice. Cada establecimiento educativo deberá establecer, antes del inicio de los ciclos lectivos, “la nómina anual de personal docente y no docente” que estará afectado al cumplimiento de las guardias mínimas. Es decir que, antes de empezar el año y sin certezas sobre las medidas de fuerza que puedan llegar a ocurrir, los directivos de los colegios deberán informar a las autoridades superiores quiénes serán los docentes y no docentes que trabajarán cuando sus compañeros hagan paro.
🏛️Congreso || «La mayoría de los que están acá, pisa una escuela y sale rajando» 🗨️ @RominaDelPla a las y los diputados que, entre maniobras, dictaminaron la esencialidad educativa que busca castigar la huelga docente. pic.twitter.com/DREsRT4TSS
— Frente de Izquierda (@FdeIzquierda) June 13, 2024
Sólo los diputados y diputadas de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa durante la reunión de comisión y no firmaron el dictamen. Entre ellos se encuentra la propia vicepresidenta de la comisión, Blanca Osuna, y diputados con historia en el gremio docente como Hugo Yasky, exsecretario general de CTERA, y Romina del Plá, dirigente de Suteba Matanza.
En simultáneo, desde CTERA emitieron un comunicado en el que advirtieron que el proyecto “pretende limitar el derecho constitucional a huelga”. “Los derechos se ejercen y deben ser garantizados por el Estado. En cambio los servicios se prestan, y la educación no puede ser considerada como una prestación de servicio”, señalaron.
“Desde esta concepción se avanza hacia la comercialización del sistema educativo y el financiamiento de la demanda, propias de los sistemas de voucherización educativa”, agregaron.
El comunicado también caracteriza al sistema de guardias mínimas como una “aberración que deja en clara evidencia la concepción reduccionista de la educación, entendiendo a la escuela como a una guardería y no como una institución educativa”. “Esta propuesta no solo remite, lamentablemente, a la idea autoritaria del maestro/gendarme, el que ‘guarda’ vigila a las y los estudiantes, sino que además revela que lo único que les importa es que el/la estudiante esté ‘adentro’ de la escuela, independientemente de lo que se haga en el sentido pedagógico”, concluye el comunicado.