El Gobierno de la Nación confirmó el cierre de 136 Registros de la Propiedad Automotor ubicados en 14 provincias argentinas. Además anuló la apertura de 12 nuevas dependencias. Según explicaron en el Boletín Oficial, las tareas de las oficinas que permanecerán cerradas “serán asumidas por otros Registros Seccionales competentes designados a tal fin”.
En profundidad
Las oficinas que cierran sus puertas tras la decisión del gobierno que preside Javier Milei están ubicadas en la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
En tanto, las nuevas sedes que finalmente no van a abrir sus puertas están repartidas entre Buenos Aires, Formosa, Mendoza, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. La resolución precisó que aquellas dependencias no van a ser abiertas para “impedir que en el futuro se cubran los nuevos cargos creados, sin que ello implique erogación alguna por parte del Estado Nacional”.
La desicisión había sido anticipada a principios de mayo por el Gobierno de la Nación, al precisar que estaba en camino de eliminar el 40 por ciento de los casi 1.600 registros de todo el país.
El texto oficial, que llevó la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, explicó que se trata de una medida de ajuste vinculada a “la voluntad de promover el cierre de Registros Seccionales intervenidos en pos de la reducción de la Administración Pública Nacional” en el marco de las políticas públicas “motosierra” que viene llevando a cabo La Libertad Avanza.
Respecto a derivación de las funciones ahora vacantes, aclararon que la competencia y las tareas de los registros cerrados “van a ser asumidas por otros registros seccionales competentes designados a tal fin”, y en la misma línea destacaron que “los Encargados Titulares de los Registros Seccionales en sus distintas competencias están en condiciones técnico-jurídicas de procesar cualquiera de los trámites registrales que actualmente son receptados por cada uno de los Registros Seccionales con competencias específicas”.
Que otras medidas se esperan para los Registros Automotores
Entre otras disposiciones en este área, desde la asunción de Javier Milei, se eliminó la cédula azul, con el objetivo de que cualquier persona pueda circular dentro del territorio argentino con la sola exhibición, física o digital, de la cédula verde del titular del automóvil. Además, también fue eliminado el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) y suprimidas las fechas de vencimiento de todas las cédulas verdes.
En línea con este plan, también se había anunciado una reducción del 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor. La misma se dará en el marco de un “plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas”, algo repudiado por los gremios de trabajadores estatales.
No entiendo como, la mera eliminación de una parte de los registros automotores, le va a hacer la vida mas facil a la gente, si el tramite inutil de la registración sigue existiendo. Con menos registros la vida es mas complicada para la gente y el negocio mas concentrado.
Me… pic.twitter.com/yBuAfxqqg6— Martin Tetaz (@martintetaz) July 10, 2024
Según la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (AAERPA), la medida impuesta “debe ir acompañada de una readecuación de los ingresos de los registros”, que desde octubre del año pasado no se actualiza. Tal y como argumentaron, el cierre profundizará el deterioro de la actividad y la prestación del servicio.
“En definitiva hablamos de menor seguridad jurídica a la hora de comprar o vender un automóvil, con todas las consecuencias que eso conlleva”, agregaron desde la entidad presidida por Alejandro Germano.
En la respuesta, profundizaron sobre la remuneración de los Registros Automotores, los cuales no son actualizados por el Ministerio de Justicia desde octubre de 2023. “Esta situación amenaza con desestabilizar el sistema y pone en riesgo 12 mil puestos de empleo privados que trabajan en los registros”, explicaron.
Además, indicaron que el costo del servicio está recayendo en los titulares del registro, quienes deben cubrir desde los salarios, luz y alquileres hasta la adquisición de documentos proporcionados por el Ejectivo. En ese sentido, explicaron que los registros “son estatales, pero de administración privada”, y que los empleados no son públicos.
“El registro no implica un costo para el Estado, sino al contrario: le genera ingresos”, agregaron desde AAERPA. “El Ministerio ya ha recibido la recaudación prevista para todo este año 2024, mientras que los registros seccionales no pueden afrontar siquiera los sueldos de los empleados, mucho menos una retribución justa por los servicios”, concluyeron.