El Gobierno está preparando una reforma laboral más amplia que la Ley Bases. Entre otras cosas, se enfocan en aspectos como la ampliación de la jornada laboral por convenio, la reintroducción de tickets de comida ajenos al salario y la posibilidad de firmar contratos que impliquen la pérdida de derechos adquiridos.
En profundidad. Estas propuestas, impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger, se discutirán en una próxima ronda de diálogo entre el secretario de Trabajo, Julio Cordero, sindicatos y cámaras empresariales. Posteriormente, el objetivo es desarrollar nuevos proyectos de ley para el Congreso.
Por su parte, Cordero está buscando establecer un acuerdo social con los sindicatos mediante la reglamentación de la Ley Bases, tras reuniones con la CGT y las principales cámaras empresarias. Entre las propuestas del Ejecutivo se incluye la posible atenuación de la norma que penaliza los bloqueos a empresas y la creación de la figura del «trabajador colaborador» sin relación de dependencia.
La reciente norma sancionada introdujo el concepto de bloqueo a empresas por «grave injuria laboral». Este punto impacta en los despidos, que excluyen indemnización y sanciones penales. También un procedimiento previo al despido para evitar pérdidas irreparables del vínculo laboral. De esta manera, se busca regular la figura del «trabajador colaborador» para fortalecer las relaciones entre monotributistas
Tickets y jornadas de doce horas
Además, la administración proyecta reformas laborales adicionales, que incluyen un nuevo marco legal para la formación en el trabajo. A eso se suma la reintroducción de tickets de comida como beneficios no remunerativos, que se suprimieron en 2007. Estos tickets eran comunes en los años 90, pero fueron erradicados tras un intento de soborno relacionado con su regulación.
Los funcionarios libertarios también están trabajando en una nueva normativa para reimplantar ítems no remunerativos como tickets de almuerzo, viáticos y cobertura de salud, buscando evitar litigios laborales. Asimismo, se propone una modificación de la jornada laboral actual, que establece un máximo de 48 horas semanales y 8 diarias, para permitir jornadas de hasta 12 horas a través de convenios colectivos. El único límite que se mantendría es el descanso de 12 horas entre turnos.
Por último, se incluye la flexibilización del principio de «irrenunciabilidad», una norma que impide que los trabajadores acepten condiciones laborales inferiores a las contractuales. Los funcionarios argumentan que este principio ha rigidizado las relaciones laborales, dificultando cambios unilaterales en los contratos, ya que la única alternativa es despedir al empleado, indemnizarlo y recontratarlo bajo nuevas condiciones. Conflictos gremiales en puerta.
Con información de El Destape