A siete meses de las primeras marchas contra el gobierno de Javier Milei, sindicatos y organizaciones sociales no tienen noticia alguna de las multas millonarias que Patricia Bullrich prometió aplicarles. Los gremios que entonces recibieron cartas documento las contestaron y desde ese momento no volvieron a tener novedades. Incluso, los movimientos sociales en general ni siquiera fueron notificados de sanción alguna.
En profundidad. La implementación del protocolo antipiquetes, junto con la aplicación de multas, fue una de las medidas más grandilocuentes de la ministra de Seguridad. Tras una primera marcha ligada a agrupaciones de izquierda el 22 de diciembre, y otra mucho más masiva cinco días después, en ese caso con el aval de la CGT y las dos CTA, Patricia Bullrich comunicó que los organizadores deberían “compensar el costo del operativo de seguridad”. A varios de ellos les llegaron intimaciones en términos similares para que abonaran cifras que iban de 40 a 56 millones de pesos, aproximadamente.
Según comunicó el Gobierno, las cartas documento habían sido dirigidas a los sindicatos de Camioneros, Unión Obrera de la Construcción, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), del neumático (SUTNA), de prensa de Buenos Aires (Sipreba), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Unión de Empleados Judiciales (UEJN), Asociación de Personal de Organismos de Previsión Social (Apops) y las dos versiones de la CTA. También, a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Polo Obrero, entre otras organizaciones sociales.
A ver, @PatoBullrich, si vos querés mandar policías a provocar en una movilización pacífica, por lo menos que se paguen sus propios micros.
No tenemos por qué pagar nosotros tus delirios de megalómana. pic.twitter.com/3DGpruomoy— Daniel «Tano» Catalano (@DanielCatalano_) January 11, 2024
En la mayoría de los casos, ni siquiera llegó una notificación a pesar de haber sido incluidas en comunicados oficiales como inminentes receptoras, así como parte de la habitual conferencia de prensa del portavoz Manuel Adorni. Además, las notificaciones llevaban en todos los casos la firma de un funcionario de tercera línea, el secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, Martín Siracusa, quien al momento de enviarlas ni siquiera contaba con su nombramiento publicado en el Boletín Oficial.
Para los gremios, hay varias razones. Por un lado, creen que se trató de una mera intimidación sin un ánimo real de avanzar en el plano administrativo, y eventualmente reservar esa instancia para una etapa de negociación posterior. Por el otro, sostienen que la imposición de las multas obligaría a Seguridad a dar a conocer un detalle de los gastos erogados por los operativos de seguridad y peor aún, de la asignación de responsabilidades diferenciadas a cada organización por el volumen de su propia convocatoria.
No existe condicionamiento posible para que lxs trabajadorxs se expresen en democracia, comparto el comunicado de la #CGT pic.twitter.com/7OZM2WkR6k
— Héctor Daer (@hectordaer) January 11, 2024
También pudo pesar la repercusión internacional. Apenas se anunciaron las multas, hubo presentaciones casi simultáneas de la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT, dependiente de la ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar una posible embestida antisindical y tendiente a coartar el derecho a la protesta en la Argentina.
Con información de El Destape