Organizaciones en defensa de los derechos humanos expresaron su más profunda preocupación luego del homicidio, ocurrido el sábado, de Susana Beatriz Montoya, esposa del subcomisario y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Ricardo Fermín Albareda, torturado y desaparecido durante la Dictadura Cívico Militar iniciada en nuestro país en 1976. El hecho también conmocionó a las más altas esferas de la política y la justicia de Córdoba por tratarse de la madre del militante de HIJOS Córdoba Fernando Albareda, quien ya había recibido denuncias tras la asunción de Javier Milei.
En profundidad. En diciembre del año pasado, Fernando Albareda, fue víctima de amenazas y amedrentamiento en su vivienda con la aparición de carteles con simbología nazi. Meses mas tarde, su madre aparece muerta dentro de su vivienda.
De acuerdo a la información trascendida, en medio de un total hermetismo en la causa, todo apunta a que no se trataría de un mero episodio de robo, todo lo contrario, en una de las paredes de la vivienda escribieron: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”. Según fuentes de la investigación, la frase estaba escrita en rojo, en principio con lápiz labial y la puerta de la vivienda de la víctima no habría estado forzada.
Sin embargo, desde los distintos sectores involucrados prefirieron la cautela a la espera de la autopsia y de las primeras conclusiones respecto del móvil del episodio. “No se descarta nada”, es la escueta frase que obtura cualquier especulación. La causa recayó en la Fiscalía del Distrito 4, Turno 3, a cargo de Juan Pablo Klinger.
Montoya, de 76 años, residía en un barrio de la zona norte de la capital provincial y no contaba con consigna policial. Su cuerpo fue hallado en horas de la tarde en el patio del inmueble con un fuerte golpe en la cabeza. Fue el propio Fernando quien dio aviso a la policía al llegar y encontrarse con el cuadro luego de que su madre no respondiera a sus continuos llamados.
Desde la Mesa de Trabajo de los Derechos Humanos de Córdoba se guarda especial cautela sobre el caso ante el estupor y el respeto a la familia tras el asesinato de Montoya. No obstante, las amenazas y las particularidades del episodio encendieron las alarmas, denotando la extrema preocupación por el crimen.
❗Compartimos el comunicado de los organismos de derechos humanos de Córdoba ante el asesinato de Susana, la madre de nuestro compañero Fernando Albareda.
JUSTICIA. pic.twitter.com/vLiGWMW1Np— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) August 5, 2024
“Asesinaron a la madre de un hijo de desaparecidos que había recibido amenazas de muerte en diciembre del año pasado en Córdoba. Exigimos el esclarecimiento inmediato de este hecho”, escribieron en sus redes los diputados nacionales Gabriela Estevez y Pablo Carro, de Unión por la Patria.
Carro, además señaló que “el negacionismo y el horror de un tiempo que no puede repetirse”. “Junto a su familia, exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho”, agregó.
Su hijo recibía amenazas todos los meses
“Se te terminaron los amigos en la Policía.” “Te vamos a juntar con tu papito.” “Vas a morir”, eran algunos de los carteles intimidatorios que Albareda se encontró en la puerta de su casa desde diciembre. Todos estaban escritos en fibra negra junto a cruces esvásticas y seis balas de calibre 22 largo.
En declaraciones a distintos medios locales, Albareda dijo que recibe amenazas todos los meses. Sin embargo, advirtió que hacía tiempo que no involucraban a su familia de manera directa.
“Las amenazas que solían llegar antes siempre las recibía yo, papelitos en el auto, notas por debajo de a puerta, llamadas a mi teléfono. Incluso a las llamadas las respondía de vez en cuando con puteadas”, subrayó en diálogo con Página12 meses atrás.
Incluso convivió con aquellas intimidaciones durante la instrucción de la causa que investigó el secuestro y la desaparición de su papá. Sobre todo, durante el juicio oral en el que condenaron al genocida Luciano Benjamín Menéndez y los policías retirados Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos, todos ex miembros del D2. “Nos metimos en el nido de víboras de la Policía de Córdoba”, sostuvo.
Ricardo Fermín Albareda, su padre, fue secuestrado en 1979 por la temible patota policial D2, cuya sede se encontraba al frente de la Catedral de Córdoba. Al momento de ser “chupado” por sus propios compañeros de uniforme, se desempeñaba en la División Comunicaciones de la Policía local y militaba en el ERP.
El 25 de septiembre de ese año lo llevaron al centro clandestino “El Embudo”, la Casa de la Dirección General de Hidráulica del dique San Roque. Allí, por orden del titular del D2, Raúl Telleldín, y de miembros de la patota Hugo Britos, Américo Romano, Jesús González, los hermanos Antonio y Hugo Carabante, fue torturado (lo castraron) y murió desangrado. Se trata del único caso en el que la Policía reconoce un delito de lesa humanidad.
Los precedentes
El 20 de marzo la Red Nacional de H.I.J.O.S. denunció que una militante de su organización sufrió un violento ataque. En un comunicado informaron que dos hombres la esperaron en su domicilio, donde la ataron, golpearon y abusaron sexualmente. Antes de retirarse del lugar, dejaron pintado en la pared la sigla “VLLC”, es decir, viva la libertad carajo.
A la militante la golpearon, abusaron y amenazaron de muerte dos hombres que irrumpieron en su casa por la fuerza. “No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para eso”, le dijeron durante el episodio. Antes de retirarse, dibujaron en una de las paredes de la vivienda el slogan de La Libertad Avanza.
Comunicado de la Red Nacional de H.I.J.O.S.👇 pic.twitter.com/Xq1RQXkSM0
— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) March 21, 2024
Los hechos sucedieron el 5 de marzo, cuando la militante entró a su departamento al regreso de su jornada laboral. Tras realizar la denuncia, la organización denunció públicamente el “ataque político motivado por su militancia en derechos humanos y feminista”.
“Solo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación”, advirtieron a través de un comunicado.