El Gobierno nacional anunció el cierre definitivo del Instituto Nacional Contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI) a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. Las funciones del INADI serán asumidas por áreas del Ministerio de Justicia. Esta decisión la adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien informó ayer que el INADI dejaría de existir a partir de hoy.
Faltaba su muerte administrativa: mañana el INADI habrá dejado de existir para siempre.
Fin.
— Manuel Adorni (@madorni) August 6, 2024
Durante este tiempo, el organismo sufrió un vaciamiento por parte del Poder Ejecutivo. En febrero, Adorni anunció en una conferencia de prensa que la intención del Gobierno nacional era «achicar el Estado» empezando por el cierre de institutos nacionales. Se refirió al INADI, mencionando que este tiene muchas oficinas y que a menudo está dirigido por funcionarios poco calificados.
El vocero, además, enfatizó que no se continuará financiando la «rosca política» ni espacios donde haya favores políticos, resaltando que no pueden hacer que los ciudadanos sigan sosteniendo a la política con sus impuestos.
Tras estas declaraciones, la Oficina del Presidente confirmó la eliminación del INADI. Se indicó que sus funciones serían asumidas por el Ministerio de Justicia, que cuenta con personal preparado. El personal del INADI que realiza su trabajo de manera responsable sería transferido a este ministerio.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, detalló que su cartera se encargará de las funciones del INADI. Luego de la decisión, se anunciaron medidas, incluyendo despidos y la no renovación de contratos, para reorganizar el instituto.
La justificación para su cierre definitivo
El gobierno justificó el cierre del INADI en el Decreto 696/2024, publicado en el Boletín Oficial. Argumentó que en Argentina todos los habitantes son iguales ante la ley y tienen protección contra la discriminación. Además, destacó que la Constitución Nacional promueve medidas para garantizar igualdad real de oportunidades y derechos.
Asimismo, señalan que las intervenciones del organismo, que realizaron distintas administraciones, mostraron ineficiencia e incumplimiento en sus objetivos. Se argumenta que el diseño organizacional no se adecua a las metas constitucionales.
Los libertarios también detallan que identificaron «irregularidades» en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y uso de recursos. Asimismo, retrasos injustificados en la resolución de denuncias. Estas deficiencias llevaron al oficialismo a considerar el cierre del INADI, lo cual ya fue anunciado en febrero.
Además, afirman que existen miles de trámites administrativos sin resolver desde 2016 y que las campañas de sensibilización carecen de la documentación adecuada. Finalmente, el decreto firmado por el presidente Javier Milei y otros funcionarios justifica la medida de transferir las funciones y recursos del INADI al Ministerio de Justicia.