El Gobierno ordenó cerrar la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños durante la última dictadura militar. Se trata de un organismo que formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Según la gestión libertaria, el organismo, que permitió dar con la identidad de decenas de nietos apropiados, vulnera el derecho a la intimidad. También advierten que invade “competencias” del Ministerio Público Fiscal y afecta a “la división de poderes”.
La decisión fue ampliamente repudiada por sectores de Derechos Humanos. En simultáneo, Axel Kicillof creó una unidad provincial con el mismo fin.
En profundidad. Mediante el decreto 727/2024, publicado el miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo derogó la normativa 715 publicada el 9 de junio de 2004 del expresidente Néstor Kirchner, mediante el cual se creaba la unidad especial.
El organismo se dedicaba a asistir a todos los requerimientos de la Conadi. Se ocupaba de “peticiones judiciales o provenientes de fiscales, que se formulen en las causas instruidas en ocasión de los hechos citados en el artículo precedente, como así también en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales, o que de cualquier manera se vinculen con ello”. Además, podía “efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal”.
Para poder cumplir con su objetivo, el organismo tenía el derecho a acceder, de forma directa, a todos los archivos de los organismos del Poder Ejecutivo Nacional. Entre otras áreas, la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y Fuerzas Armadas.
“Todos los organismos dependientes del PEN darán carácter de urgente y preferente despacho a los requerimientos que efectúe la Unidad Especial de Investigación, a los efectos del esclarecimiento de los hechos criminales que han motivado el presente decreto”, establecía la norma eliminada este miércoles por la gestión libertaria.
Según argumentaron, el motivo de la disolución es que se daba “acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal”.
Además, afirman que trata de herramientas que “violentan” el “régimen constitucional” del país. Asimismo, indican que invade las competencias del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación de hechos delictivos y afecta “la división de poderes”.
«Es fundamental que esa tarea articulada entre la CONADI y el sistema de justicia, tan importante para la búsqueda de niños y niñas apropiadas durante el terrorismo de Estado, no se detenga». https://t.co/INh6Ovdn5v
— Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) August 15, 2024
La noticia no sorprende. Hace semanas que Abuelas Plaza de Mayo advirtió que el Gobierno de Milei quería avanzar en la eliminación de la Conadi.
“Mientras los diputados libertarios se abrazan con represores y genocidas, en unidad y coordinación para tener leyes que los beneficien directamente, el Gobierno propone una Ley de Seguridad Interior que empuje a las Fuerzas Armadas hacia la represión interna”, expuso el exdiputado y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, en un comunicado.
En simultáneo
A contramano de Javier Milei, el gobernador Axel Kicillof creó en el territorio la Unidad Provincial Especializada. Se trata de una iniciativa para buscar personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar.
El mandatario se reunió con la presidenta de Abuelas de Mayo, Estela de Carlotto, y le propuso crear la nueva área. “Seguiremos buscando a los 300 nietos y nietas y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor hace más de 40 años las Abuelas de Plaza de Mayo”, escribió en sus redes sociales. “En la provincia de Buenos Aires seguiremos profundizando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, detalló Kicillof.
En tanto indicó que la misma “será en coordinación con la justicia federal. Pondremos recursos de la provincia a disposición de Abuelas”. Sin embargo, el dirigente advirtió que “no pueden sustituir a un gobierno nacional que abandona sus funciones porque es ilegal lo que hacen”.
Nos reunimos con la presidenta de @abuelasdifusion, Estela de Carlotto, y hemos tomado la decisión de crear una Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar.
Ayer nos enteramos que por decisión del presidente… pic.twitter.com/pB7vZNOXcp
— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 15, 2024