La Secretaría de Inteligencia (SIDE) ya gastó el 80% de los 100 mil millones de pesos de fondos reservados que Javier Milei le otorgó por decreto hace menos de un mes. El organismo ya comprometió alrededor de 80 mil millones de pesos, de los cuales no debe rendir cuenta.
La denuncia sobre la utilización de gran parte de los fondos reservados fue revelada por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, a través de sus redes sociales. “Para operaciones de la SIDE, sí hay plata: ya se ejecutaron 80 mil millones”, publicó.
La información del diputado surge de un análisis detallado de los datos del sitio Presupuesto Abierto. Según el DNU, la asignación de la millonaria caja a la SIDE se debe a la “necesidad de asignar las partidas presupuestarias que permitan solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran”, es decir, el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos, creada como ente de control de los anteriores.
PARA OPERACIONES DE LA SIDE, “SÍ HAY PLATA” YA SE EJECUTARON 80 MIL MILLONES.
En solo tres semanas, se ejecutó el 80% de los 100 mil millones de pesos asignados a gastos reservados y secretos de la Secretaría de Inteligencia, fondos que el Gobierno se autoasignó a través de un…
— maxi ferraro (@maxiferraro) August 14, 2024
La nueva Ley de Inteligencia
Con algunos polémicos cambios, tres semanas atrás el Gobierno de la Nación disolvió de la AFI y el reinstaló la SIDE. Las modificaciones permiten realizar contrainteligencia por “opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales” y que la designación de sus autoridades no deberán pasar por el Congreso, entre otras.
Una de las polémicas modificaciones que establece su regreso es que la ASN tendrá la función de hacer contrainteligencia sobre “toda amenaza contra el orden constitucional y los poderes públicos”, para lo que contará con “medios propios para la obtención y reunión de información”, un apartado que se contrapone con lo expresado por la Ley de Inteligencia N° 25.520, que en su artículo 4 determina que el organismo tiene prohibido “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”.
Otro de los aspectos irregulares es el cambio del artículo 15 de la Ley de Inteligencia, que exigía que las designaciones del Ejecutivo también debían tener la venia del Congreso, una situación que ahora simplemente será “comunicada” al Parlamento.
Además, se eliminó la prohibición de argumentar “obediencia debida” ante un hecho puntual, que estaba contemplado en el artículo 5 bis de la Ley de Inteligencia. “La obediencia debida no podrá ser alegada como eximente de responsabilidad”, indicaba la anterior normativa.