Esta semana 8 Centros de Acceso a la Justicia que funcionaban en villas de la Ciudad de Buenos Aires fueron cerrados oficialmente y 26 trabajadores, según informó ATE y UPCN, fueron despedidos de la subsecretaría de Acceso a La Justicia, dependiente del Ministerio conducido por Mariano Cúneo Libarona.
En profundidad
El cierre de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) comienza a hacerse efectivo en el territorio y empezó por los barrios que más los necesitan. Los trabajadores de los centros que atendían en barrios populares como las villas 15, 20 y 21 ya fueron notificados de que no lo harán más. Así se los informó el Ministerio de Justicia de Mariano Cúneo Libarona, que en junio ya había anunciado la decisión al catalogar a los centros que acercan derechos y justicia a las clases populares como una “caja política”.
La medida impactará en más del 70 por ciento de los espacios existentes, con cierres que empiezan a hacerse realidad mientras los trabajadores y trabajadoras pelean por reincorporaciones con más de 250 puestos laborales en juego.
“Se cierra otra caja política”, anunció el Ministerio de Justicia de la Nación el pasado 10 de junio para adelantar la decisión de cerrar 81 de los 111 CAJ que hay en todo el país. En el escrito, sostuvieron que los centros eran “ineficientes” y que “acumulaban empleados sin demostrar resultados”.
Ese mismo día, en el que se publicó el comunicado, se hizo oficial la Resolución 178/2024 del Ministerio, que con la firma de Cúneo Libarona creaba un “plan de ordenamiento y mejoramiento” de los CAJ. Allí se argumentó que los centros territoriales ya no son necesarios, entre otros puntos, gracias al “avance tecnológico” que permitiría acceder al “mismo servicio” de forma “totalmente digital y sin necesidad de concurrir de modo presencial a una dependencia estatal”. Lo es curioso, es la selección de barrios por los que la cartera decidió comenzar el recorte: villas 15, 20 y 21, el del Barrio Ricciardelli — ex 1-11-14– y dos del Mugica, además del de Villa Soldati y Barrio Mitre.
Los trabajadores despedidos de los CAJ coinciden en su relato de los hechos. El lunes pasado recibieron la notificación del despido en sus mails a través del sistema de recibos electrónicos y al día siguiente llegó otro correo notificando el cierre de los centros territoriales. En ese correo, se les informa que “se procederá al cierre de las oficinas” de los ocho CAJ listados y se insta a los trabajadores de esos centros a que retiren sus pertenencias antes de que operarios de la cartera de Justicia procedan “a retirar los bienes y equipamiento del Ministerio”.
Si efectivamente el Gobierno de la Nación planea avanzar con el cierre de 81 centros del país, estaríamos frente a un conflicto que recién comienza. Los ocho espacios cerrados conforman la mitad de los que funcionan dentro del territorio porteño, por lo que, de avanzar la medida, los cierres deberán extenderse a la provincia y al interior del país. Actualmente, todas las provincias cuentan con al menos un CAJ y desde ATE calculan que, en total, están en peligro más de 250 puestos de trabajo.