El veto inminente del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y el magro presupuesto destinado para el 2025 generó la reacción de los estudiantes, gremios y autoridades, quienes definieron medidas de lucha para esta semana y una movilización masiva para los primeros días de octubre.
Por un lado, los gremios docentes y no docentes convocaron a un paro nacional para el jueves 26 y viernes 27, en pos de visibilizar la situación. Por otro lado, se está organizando una gran marcha universitaria que intentará replicar la masividad de la primera, que fue el 23 de abril de este año.
Las medidas de fuerza están siendo organizadas por las universidades, los sindicatos y los centros de estudiantes. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunirá este el martes 24 y a las 17.30 dará una conferencia de prensa para confirmar el día, que se prevé será el 2 de octubre. Además, el 27 habrá jornadas de visibilización en todo el país y los rectores difundirán un documento consensuado.
::Del 23 al 27/09: semana de visibilización. Acciones de protesta en las Universidades::
•¡NO al veto a la Ley de Financiamiento Universitario!
•26 y 27/09: Paro Nacional de 48 horas
•2 de octubre: Marcha Federal Universitaria y paro pic.twitter.com/iuBansqrul— CONADU Histórica (@CONADUHistorica) September 23, 2024
“Le vamos a pedir al Congreso que salve a la universidad pública, que vote a favor de la expectativa de futuro de millones de argentinos que hoy estudian en las universidades y que están viviendo una situación de angustia terrible, como también lo están haciendo sus docentes y no docentes”, le dijo la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernandez De Piccol, en diálogo con Página12.
Sin embargo, las acciones no solo se ven en la calle. Ocurren dentro del palacio, donde los rectores de las universidades de todo el país están conversando con los diputados de cada una de sus provincias para que no acepten el veto. No es una tarea fácil, pero confían en el impacto en la provincias, ya que de las 115 universidades que hay a lo largo del país, 63 son públicas y acapara el 80 por ciento de los 2,5 millones de estudiantes que existen.
“Esperamos que insistan con el proyecto que votaron y no se vaya a comer un asado a Olivos. No queremos de nuevo con diputados festejando que dieron de baja una ley”, afirmó el secretario de Organización de CONADU, Federico Montero.
Cabe recordar que la Ley de Financiamiento que sancionó el Congreso de la Nación declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario para el año 2024 y actualiza las partidas del Presupuesto 2023, prorrogado por el Gobierno de La Libertad Avanza. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley es del 0,14 por ciento del PBI, un número ínfimo que Javier Milei no está dispuesto a pagar.