En el afán de liberar y privatizar todas las áreas posibles, el Gobierno de La Libertad Avanza, conducido por el presidente Javier Milei, avanzó otro casillero. Esta vez, se trata del servicio de correo postal. Tras el anuncio que el domingo por la noche realizó el vocero oficial Manuel Adorni apareció publicado en el Boletín Oficial el decreto en el que se detalla la desregulación completa del servicio.
El gobierno ha tomado la decisión de desregular el servicio de correos.
Con esta medida lograremos más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal.
Dios bendiga a la República Argentina.
Fin.
— Manuel Adorni (@madorni) November 10, 2024
En profundidad. “El gobierno ha tomado la decisión de desregular el servicio de correos. Con esta medida lograremos más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal. Dios bendiga a la República Argentina”, compartió el vocero, sin más detalles a través de sus redes, donde podría haber mencionado que va pasar con los miles de despidos que se avecinan, pero decidió no hacerlo.
Según plantea Página 12, una de las principales preocupaciones tiene que ver con las próximas elecciones, ya que, según mencionan los jueces electorales, “si fueran hoy, no se podrían hacer, porque el correo es el 70 por ciento del proceso y se fue toda la gente histórica”.
Según establece la ley, es el Correo Oficial, o sea la empresa de bandera, la que debe realizar todas las operaciones en las votaciones nacionales, lo cual habrá que aguardar si esta desregulación y desguace del servicio postal chocará con los alcances de la normativa.
A su vez, el decreto desregulador sostiene que “el Poder Ejecutivo Nacional deberá garantizar que al menos un operador postal ofrezca en todo el territorio de la República Argentina la prestación del Servicio Postal Universal en forma obligatoria y sin exclusividad” y dice que en tanto “no designe otro prestador, el Correo Oficial de la República Argentina S.A. será la persona jurídica por medio de la cual el Estado Nacional cumpla con los compromisos asumidos en las Actas de la Unión Postal Universal, teniendo a su cargo la prestación del Servicio Postal Universal”.
El Correo Oficial de la República Argentina S.A. no es otro que el Correo Argentino. El decreto dice que “tendrá a su cargo el Servicio Electoral de las Elecciones Nacionales”, pero no agrega más al respecto y deja la puerta abierta al cambio de prestador del servicio.
Cabe destacar que el Correo lleva las 110.000 urnas a los 17.000 locales de votación, algunos en lugares remotos a los que solo se llega en mulas o en lanchas. No solo hay que llevar las urnas, sino las boletas de cada uno de los partidos, las planillas y todo el material que se necesita. El Correo, a su vez, es quien organiza los telegramas en los que se vuelcan los resultados y luego se procesan la misma noche de los comicios. Finalmente, hace todo el operativo de retirar las urnas y llevarlas a los lugares donde se realiza el escrutinio definitivo. Todo eso, realizado de manera eficiente desde 1983, es lo que justifica que el Correo se lleve el 70 por ciento del presupuesto de cada elección.
En simultáneo
Este avance hacía el Correo Argentino se puede leer como un favor político hacia el PRO. Especialmente a Mauricio Macri y su familia, investigada por la quiebra del Correo Argentino, después de que quedara expuesta la gran cantidad de maniobras de la empresa para licuar su deuda millonaria, estrategias para simular mayorías entre los acreedores, operaciones de vaciamiento y hasta sospechas de lavado de dinero.
La quiebra se había hecho hace tres años por orden de Marta Cirullo, pero gracias a la maniobra del macrismo, quedó paralizado por tiempo indefinido. En 2022, el procurador interino Eduardo Casal tomó como propios los argumentos de la fiscala Gabriela Boquin y le recomendó a la Corte Suprema que anule el fallo de la Sala B de la Cámara Comercial que dejó en suspenso. Hasta ahora, el máximo tribunal no se expidió.