Si se confirman las sospechas, la desaparición de Santiago Maldonado en manos del Estado el último 1 de agosto, constituirá un hecho gravísimo que no sólo lastima nuestra democracia sino que pone al gobierno en una complicada situación política. Es claro, que tampoco sería raro. No es la primera vez ni la última que las fuerzas de seguridad trabajan en forma corporativa para ocultar rastros de excesos que salpican un accionar poco profesional.
Lo cierto es que, luego de más de 40 días de una búsqueda incansable de sus familiares y amigos y del pedido de aparición con vida de Santiago por parte de una sociedad que el último 1 de setiembre se aglutinó en diferentes puntos del país para preguntarse ¿Dónde está? y pedir la renuncia de la ministra de seguridad, el gobierno ha corrido el eje de la investigación, sin dejar de crear hipótesis que rozan lo ridículo, y ha apuntado a siete gendarmes, los cuales intervinieron en la represión aquel día en la ruta 40, persiguiendo río abajo a los mapuches luego del desalojo.
En ese enfrentamiento entre gendarmes y mapuches sólo intervinieron siete de los cuarenta efectivos presentes en el operativo, aunque por ahora no existe imputación, ni pruebas concretas sobre ninguno.
No podemos dejar de hablar sobre una lucha mapuche que se centra en la recuperación de sus tierras ancestrales en la estancia Leleque, usurpadas por Benetton. La misma Constitución Nacional de 1994, la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160 (que dispuso el freno a los desalojos para relevar los territorios indígenas en un plazo que se está por vencer nuevamente en noviembre) y varios tratados internacionales reconocen el derecho ancestral a la tierra previo a la colonización. No obstante, parece que ningún miembro participante del gobierno de CAMBIEMOS lo hacen.
Fue Bullrich quien ha declarado que «no vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina; esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista. Nuestra decisión es total y absoluta de no permitir que en la Argentina se asiente un grupo que utilice la violencia como forma de acción». Por su parte, el responsable directo del operativo y jefe de gabinete del Ministerio, Pablo Noceti, anunció que “están preparando denuncias contra la organización Resistencia Ancestral Mapuche, informó que una organización con sede en Inglaterra financia a la comunidad y negó que los mapuches constituyeran uno de los pueblos indígenas argentinos cuya preexistencia étnica y cultural reconoce la Constitución”.
No obstante, los dichos de dos funcionarios del gobierno que precede Mauricio Macri nos lleva a recordar declaraciones de Domingo Faustino Sarmiento, al diario El Progreso el 27 de setiembre de 1844, en relación a los pueblos aborígenes “Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderla remediar. Esa clase de seres no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Son todos incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin siquiera perdonar al pequeño que tiene el odio instintivo al hombre culto y civilizado”.
Es evidente que se quieren mezclar temas de modo injustificado y peligroso. Con la complicidad de algunos medios masivos de comunicación cuyos intereses van más allá de querer informar a su audiencia, se quiere establecer una relación entre las circunstancias, que no existe. No se puede tomar la existencia de una organización de resistencia mapuche, que reivindica su derecho a la autodeterminación de los pueblos, como responsable de la desaparición de un joven que defendía la causa. Si ha existido algún exceso en la represión por parte de alguna institución o miembro del Estado o de alguna persona o grupo externo a él, en un Estado de Derecho, se deben reconocer y aclarar los hechos.
En las últimas horas se ha dado a conocer la noticia que el Juzgado Federal de Esquel informó que los rastros de ADN encontrados en los vehículos de la Gendarmería Nacional no son compatibles con las muestras entregadas por la familia Santiago Maldonado. El comunicado detalla también que se descartó que exista compatibilidad con las muestras de referencia en los perfiles genéticos obtenidos en una muestra recogida en el cuello que presuntamente habría utilizado Santiago Maldonado y en una muestra recogida de varios mechones de pelo encontrados en la casa en la que vivió en la ciudad de El Bolsón.
Seguimos preguntándonos dónde está Santiago. Qué pasó con él. Queremos que el gobierno deje de ser cómplices de las fuerzas de seguridad y de los intereses extranjeros e indague más profundo en la investigación sobre su desaparición.
Es importante tener presente que la lucha del pueblo mapuche no es ahora con la desaparición forzada de Santiago. Cientos de integrantes de pueblos originarios de todo el país fueron y son reprimidos y asesinados por las fuerzas de seguridad públicas y privadas por defender el derecho de autodeterminación de los pueblos. Sus tierras fueron expropiadas y entregadas por gobiernos de derecha a capitales extranjeros hace más de 100 años.
Hoy, mediante la violación de la ley 26737 por parte del gobierno nacional, a partir de un decreto publicado en el boletín oficial, se facilita la adquisición de tierras a extranjeros, justificándolo como incentivo a la inversión, sabiendo que esto solo estimula el negocio inmobiliario antes que la inversión extranjera
Ayer festejamos el día del maestro por el aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, alguien que repudiaba a los pueblos originarios. La semana pasada, desde el gobierno, se pidió que no se adoctrine a los alumnos hablando sobre el caso Santiago Maldonado, alguien que defendía a los pueblos originarios.
¿Sabía la gendarmería que a quien estaban reprimiendo a orillas del río era un winka? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Estaríamos preguntándonos dónde está si hubiese sido un lonko quien no haya vuelto a su comunidad?
¿Dónde está Santiago Maldonado?
Preguntas que un Estado no puede responder.
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