Desde las elecciones presidenciales el gobierno nacional, a través de sus principales funcionarios y medios de comunicación, ha dado a conocer su postura respecto a la política de DDHH que nuestro país adopto en la última década.
El 23 de noviembre de 2015, un día después de que Mauricio Macri gane las elecciones, La Nación publicó una editorial titulada «No más venganza» que en uno de sus párrafos decía:
«Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas más de trescientos los detenidos por algunas de aquellas razones que han muerto en prisión, y esto constituye una verdadera vergüenza nacional»
A su vez, dos meses después, el entonces ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, puso en duda el número de detenidos-desaparecidos argumentando que no eran 30.000 sino que esa cifra «se arregló en una mesa cerrada» para «conseguir subsidios».
En agosto del 2016, fue el turno del presidente Mauricio Macri, quién se refirió a la dictadura cívico-militar como una guerra sucia y al hablar sobre los desaparecidos afirmo: “No sé si fueron 9 mil o 30 mil”.
Este fue el comienzo de un sinfín de dichos por parte de los voceros principales del gobierno, que incluyó que la Corte Suprema de Justicia beneficie con el 2×1 y con prisiones domiciliarias a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos a Miguel Etchezolaz, el ex represor que tuvo a cargo 21 centros clandestinos. Estas medidas tuvieron como respuesta una gran movilización convocada por parte de los organismos de Derechos Humanos junto a organizaciones políticas y sociales
En las últimas horas se conoció que en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada funciona desde hace un mes un homenaje a dictadores donde se pueden encontrar efectos personales de Aramburu. Además, hay un espacio titulado «La república condicionada», que se la ubica entre los años 1955 y 1983, en la que no se mencionan, ni siquiera, la forma a través de la cual llegaron al gobierno los distintos presidentes de esa época.
Esto no es sorpresivo, como mencionamos anteriormente, desde la llegada de Cambiemos se ha tomado una política de deslegitimación de la lucha por los DDHH llevada a cabo hasta el momento con una clara intensión de reflotar la llamada «teoría de los dos demonios».
En las últimas horas, Nicolás Massot, jefe del bloque de diputados de Cambiemos, se refirió al tema en una entrevista para el Diario Clarín y afirmó «Con los años ’70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la reconciliación». Cabe destacar que su familia fue a juicio como uno de los cómplices civiles de la dictadura desde la dirección del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. En ese sentido, desde los organismos de DDHH repudiaron las palabras y dejaron claro que el único lugar para los genocidas es la cárcel común.
Es importante comprender que ninguno de los dichos del gobierno de Cambiemos en contra de las políticas de DDHH tiene que ver con comentarios azarosos sobre el tema, sino que responden a una decisión política vinculada a las formas represivas que llevan adelante desde que asumieron el poder.
¿Cómo podemos reconciliarnos con los responsables de los 30 mil detenidos-desaparecidos?, ¿Cómo podemos reconciliarnos con aquellos que torturaron y asesinaron a tanta gente?, ¿Qué clase de reconciliación existe con quienes realizaron los vuelos de la muerte?, ¿Cómo perdonar a aquellos que planificaron y ejecutaron el robo sistemático de bebés?. La lucha por los derechos humanos y el pedido de memoria, verdad y justicia continúa vigente y se encuentra en un momento de resistencia frente a los diversos avances de los últimos dos años. Es por eso que a Nicolás le decimos que no, no hay reconciliación posible y nunca lo habrá.
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