Ayer, en la localidad bonaerense de Monte Grande, un oficial subayudante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria asesinó a un joven que había intentado robar su vehículo, fusilándolo con el arma de su pareja, luego de que los asaltantes intentaran huir. El adolescente que resultara víctima fatal del suceso portaba un arma de juguete.
El efectivo llamado Matías Arrúa, estaba llegando en su vehículo a su domicilio, en compañía de su pareja, también oficial de la PSA y portadora del arma con el cual se efectuó el fusilamiento. Según su versión, como él y su pareja estaban de civiles, trató de defenderse desconociendo que el adolescente no estaba armado. En base a esta declaración se construye la investigación judicial calificada como “homicidio en exceso de legítima defensa”, paralelamente a la investigación por el asalto.
Según esta versión, el oficial tuvo el suficiente tiempo luego de ser obligado a descender del vehículo para tomar el arma homicida – que la pareja del oficial tenía en el garaje – y la cual fue accionada al menos ocho veces. Esto se tomó como testimonio de que hubo poco de legítima defensa y bastante de justicia por mano propia.
Nuevamente, la “doctrina Chocobar” deja en evidencia que el espaldarazo del gobierno al accionar pistolero de las fuerzas de seguridad y a la aplicación discrecional de la justicia por mano propia, generó un efecto nefasto en las filas policiales, reforzando los oscuros cimientos que apuntalan el sistema de seguridad argentino, que tiene cada vez más historias que escapan espantadas del relato oficial.
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