Para que sea ley: militar en las calles el derecho a decidir

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Ayer, con gran convocatoria en las afueras del Congreso, el plenario de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Familia y Salud comenzó a debatir la despenalización del aborto.

La propuesta acuerda un inicio de debate el día 10 de abril mientras, hasta el día 7, integrantes de las cuatro comisiones podrán presentar propuestas. A partir de ello, cuatro expositores por bloque podrán ser escuchando para ampliar el lugar a la diversidad de voces y posiciones. Según se estima, entre fines de mayo y principio de junio se acordará el dictamen para luego avanzar con el debate.

Afuera, mientras el frío empezaba a calar los huesos, los pañuelos verdes agitaban la calle. Al frente estaba la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, quienes no solo leyeron la propuesta de ley que presentaron –la que más adhesiones tiene por legisladores y que es presentada por séptima vez-, sino además abrieron el micrófono para que cualquiera persona pueda expresar su posición ante los y las convocadas, entre ellas, organizaciones, partidos políticos, sindicatos, docentes, niñas y mujeres que, enfrentando el estigma, contaron su experiencia al enfrentar un aborto. No sólo se habló de la interrupción del embarazo: se recordaron a las mujeres asesinadas y desaparecidas, a las compañeras que ya no están y son recordadas y por las que se exige justicia. Por Lohana Berkins y Diana Sacayán. Por Marielle Franco y por muchas más.

Los pañuelos verdes ya son una insignia para referirnos al empoderamiento y a la idea, cada día más fuerte y más resonante, de que somos dueñas de nuestros cuerpos. La decisión sobre ellos, como personas gestantes, determina la posición que tenemos frente a una crianza responsable, una posición económica, una decisión sobre la vida: la de una misma.

La discusión ya no se reconoce como moral, sino como la necesidad de una política en salud pública. El aborto ya es legal, sí, pero por causales: riesgos en la salud de la persona gestante (físico, mental-emocional y social) y violación. En ambos casos, los profesionales de la salud deben acompañar y asesorar estas situaciones, pero la decisión sobre qué hacer o qué camino decidir es de quien desea abortar. En el caso de la violación es necesaria la comprensión de que los juicios de valor, las consideraciones religiosas o personales, no tienen lógica frente a una mujer o cuerpo gestante que decide interrumpir de manera voluntaria su embarazo. La realidad es que, frente a la desinformación, el personal de la salud puede ser sancionado penal, civil y/o administrativamente si incumple sus obligaciones u obstruye el derecho a la interrupción.

El proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aboga modificaciones claves que resguarda un derecho humano primordial para la mujer: el derecho a decidir. Entre los artículos propuestos, se desbarata la causalidad, sino que se plantea la voluntariedad. Por ejemplo, la violación no es exactamente eso que se propone en el imaginario social: vas caminando por la calle, de repente te violan en un lugar oscuro. Aunque suene hasta irrespetuoso, la violación ocurre hasta en aquellos espacios donde creemos que no son posibles: los noviazgos y matrimonios. Al interior de una relación una también puede ser violada. Cuando el consentimiento no está claro, o de un ‘si’ pasó al ‘no’ o cuando simplemente fue no y tuvo que ser sí a la fuerza, ahí encontramos la violación.  Y no es cuestionable: nadie tiene la fuerza suficiente para fingir una violación, nadie deja de cuidarse porque si se embaraza puede abortar, no hagamos simple lo complejo.

Otras de las cosas claves que se pueden leer es la limitación temporal para garantizar el aborto: 14 semanas. En caso de que se solicite luego de ese tiempo, se remitiría a los causales ya mencionados con su respectivo acompañamiento y consentimiento, agregando como causal, malformaciones fetales graves.

Además, se exige al sector público de salud, a las obras sociales enmarcadas en las leyes 23660 y 23661, entidades de medicina prepaga y todo agente que brinde servicios médicos la incorporación de prestaciones médicas básicas para brindar a sus beneficiarias la cobertura integral de la interrupción legal de embarazo en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda.

La exigencia del debate y la aprobación de la ley no es sólo pujado por el feminismo activo que día a día se enfrenta a todo el estigma que nos revienta el cuerpo, las palabras y las posiciones en las relaciones de poder, sino también en los espacios que se fueron ganando por fuera de nuestro movimiento instalándose, históricamente, en la opinión pública. Hoy hablamos de mujeres muertas por la desigualdad frente al acceso a un aborto en buenas condiciones, hoy se habla de la ausencia del Estado en los sectores más vulnerables. Hoy hablamos de que hace falta tener plata para poder tener un aborto no riesgoso, mientras otras recaen en prácticas denigrantes, que las ultrajan y muchas veces las matan. Hoy hablamos de aborto.

Los legisladores debatirán algo que se está gestando en las calles, que se milita en todas partes. Aunque la ilusión es un debate acotado para que el tema llegue al recinto en junio, las posibilidades de que se demore existen. Mientras tanto, se seguirá militando en cada espacio que se pueda: con la familia, con los amigos y amigas, con la pareja. Debemos recordar en cada lugar, en cada momento, que negar un aborto legal y seguro, es tapar el sol con la mano. El aborto existe, negarlo y condenarlo a la clandestinidad es un femicidio del Estado.

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