Abuso, violación y asesinato. A un año del femicidio de Araceli Fulles

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Hace un año Mónica esperaba con el mate a su hija que nunca  volvió. Un año atrás, empezó la búsqueda de Araceli, quien estuvo 25 días desaparecida.

Araceli tenía Facebook, le gustaba salir y divertirse, como cualquier persona de 22 años. Araceli nunca volvió. Los días de su búsqueda fueron especialmente movidos y, sobre todo, un punto clave para el prejuicio. La meritocracia argentina estaba actuando de manera efusiva a través del tratamiento mediático. Las críticas eran siempre las mismas. Ella siempre pasó a ser merecedora de lo que ocurría. Si mostraba las tetas, si salía sola. Si iba a fiestas o no, o si tenía una vida sexual activa.

Araceli tuvo un trato similar al caso de Melina Romero, una joven que fue titular en Clarín, en septiembre del 2014: “Una fanática de los boliches, que abandonó el colegio”. Araceli, tres años después, recibió el mismo tratamiento clasista y misógino. Los medios fueron el espacio en donde se tramó la construcción del estereotipo de piba que se buscó ese destino bajó los pretextos meritocráticos que atribuyen que hay crímenes que responden a una situación buscada para correr el eje. Ya no importaba el accionar judicial o de policía.

El 2 de abril su familia realizó la denuncia, pero la fiscalía decidió esperar para actuar porque “probablemente se había ido sola”. Luego la hipótesis fue una discusión familiar y abandono del hogar, culpando a los padres de una supuesta fuga. Sin embargo, la inacción de la fiscalía llegó al punto de rechazar la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (ProTEx). El cuerpo lo olfateó un perro el 28 de abril en el partido de San Martín, a pocas cuadras de donde vivía Araceli, en una casa ya requisada por la policía el 17 de abril.

Se sospecha encubrimiento y participación del cuerpo policial en el caso. Fueron desafectados el subcomisario Hernán  Humbert de la Comisaría 8va; el oficial José Herlein; y el oficial subinspector Elian Avalos, hermano de uno de los acusados de participar en el crimen. Los primeros dos, en cambio, eran los encargados del rastrillaje en el que “no se encontró nada” y por sospechas de haber plantado pruebas falsas.

El cadáver fue encontrado debajo de una losa de cemento. Y el dueño de la casa, Darío Badaracco, contaba con antecedentes por tentativa de robo, encubrimiento y robo en el mismo municipio razón por la que se generan sospechas y dudas en cuanto al primer allanamiento. Además se acusaba de cómplices a su compañeros de trabajo: Jonathan Rubén Ávalos y su hermano Emanuel, Marco Antonio Ibarra y Carlos Damián Cassalz. El único que permanece en prisión es Badaracco, el resto disfrutan su excarcelación. Excepto Cassalz que luego de confirmarse su libertad, amenazó a testigos y fue detenido.

Lo que sucedió con Araceli representa el valor de la vida de una mujer, violentada y desechada como una bolsa de basura. A Araceli la violaron, estrangularon, golpearon descuartizaron y enterraron. Y aunque la causa no avance, la familia no deja de pedir justicia.

En 2017 hubo alrededor de 300 femicidios en Argentina, en los últimos diez años la cifra asciende a los 2679, según un informe realizado por la Casa del Encuentro junto a Fundación Avón para la mujer. Pese a la movilización social y feminista, no se han efectivizado políticas públicas que respondan directamente a la violencia de género para combatir la violencia de género. Desde el estado no se visibiliza ni se realizan campañas de concientización y prevención tal como se explicita en la ley 26485 vigente desde el 2009.

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