Más inseguro, más clandestino

Removieron de su cargo a la responsable del Programa de salud sexual de la zona norte de Buenos Aires.

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La Red de Profesionales de la salud publicó un comunicado en el que se explicitó la situación actual de Estela Sánchez, quien coordinaba el Programa de salud sexual y reproductiva de la región. Además, acompañaba y actuaba de garante para que las mujeres de la zona pudieran acceder a una interrupción legal del embarazo (ILE) en ocasiones donde el aborto no es punible.

En las últimas semanas, dos mujeres de San Martín y Pilar murieron por practicarse un aborto en condiciones clandestinas y de alto riesgo -una de ellas intervino con el tallo de un perejil- y ninguno de los dos lograron pasar desapercibidos porque ocurrieron a una semana de que el Senado de la Nación rechazara el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Por ello, por decisión de Vidal, el Ministerio de Salud bonaerense determinó correr de su puesto a Estela.

La Red de Profesionales de la salud por el derecho a la salud sostuvo que “La presencia de Estela Sánchez como referente de la región fue la que garantizó en muchas ocasiones la posibilidad de articulación entre el primer y segundo nivel atención y visibilizó abortos no punibles en el ámbito hospitalario.” Y advirtió: “Removerla de su cargo implica un retroceso y un claro mensaje a la red construida en salud para el acceso de las mujeres a sus derechos sexuales y (no) reproductivos.”

La situación en Buenos Aires es alertante porque aún sigue sin aplicarse de forma integral el protocolo de atención de abortos no punibles solicitado en marzo de 2012 por la Corte Suprema de Justicia. En aquel fallo denominado “F.A.L” estableció que debe garantizarse el aborto legal en casos de violación y sin necesidad de autorización judicial. Para su correcta implementación, el Ministerio de Salud elaboró una guía que continúa en el cajón de la gobernadora, negando un derecho elemental y legal.
Hasta el día de hoy, la situación en el país frente al aborto incrementa las desigualdades sociales y económicas. Según un relevamiento realizado en septiembre de 2017, apenas 9 jurisdicciones se adhirieron al Protocolo Nacional o se ajustaron a sus criterios. Otras 7 dictaron protocolos con requisitos que dificultan el acceso. Por último, 8 no cuentan con normas locales.
Las consecuencias de las políticas desarrolladas en estos términos, pegan directamente en la salud de mujeres en situaciones más vulnerables y que no saben de que manera proceder. Negar el derecho a la interrupción legal de un embarazo significa empujarlas a lugares, personas o prácticas que ponen en riesgo su vida.

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