Marcha atrás con el cobro extra de gas

El gobierno se comprometió a revocar la medida para evitar una derrota política, pero el Estado se hará cargo de la mitad de lo que se le pretendía cobrar a los usuarios.

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Después de las repercusiones y el fuerte rechazo manifestado por la oposición y la población en general, el gobierno dará marcha atrás con el cobro de 24 cuotas de entre 90 y 100 pesos a todos los usuarios de gas. Este pago extra pretendía compensar las “pérdidas” de las empresas del sector por la devaluación. Sin embargo, el Estado se hará cargo.

Tras el malestar generado por una medida considerada abusiva, Cambiemos se quiso adelantar a la sesión del próximo martes que lograría derogar la medida y evitar una derrota de cara a las negociaciones por el presupuesto 2019. Por este motivo, el gobierno resolvió hacer caso a una propuesta de la UCR, que consiste en que las empresas absorban parte de esa pérdida y el resto se les cobre indirectamente a los usuarios, ya que será el Estado quien se hará cargo de la mitad de las perdidas, que rondan los 10 mil millones de pesos.

El encargado de la negociación fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien se reunió con los jefes de todos los bloques del Senado, y luego con los integrantes de la bancada oficialista. Luego, declaró que “el gobierno siempre estuvo abierto a escuchar alternativas que repercutieran menos sobre el bolsillo de la gente”.

La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner criticó la alternativa de Cambiemos: “El Estado va a tener que hacerse cargo con recursos públicos de equilibrar los balances de compañías privadas”, y advirtió que empresas de otros sectores podrían reclamarle al gobierno que se haga cargo de parte de sus pérdidas por la depreciación del peso.

El secretario de Energia, Javier Iguacel, con la resolución 20/2018 había establecido que la deuda con las empresas de gas (provocada por la frenética devaluación de los últimos dos meses) la debían pagar en 24 cuotas todos los usuarios. Explicó que no era una decisión antojadiza del Poder Ejecutivo, sino que es lo que marca la ley que rige desde 1992. Y resaltó que si el Gobierno no dictaba esta resolución se habrían originado demandas millonarias de las empresas distribuidoras contra el Estado.

Lo concreto es que antes de dar marcha atrás, las únicas denuncias fueron las de los usuarios y representantes de defensa del consumidor, además de la denuncia penal que el fiscal federal Guillermo Marijuan efectuó contra el propio Iguacel por abuso de autoridad.

De esta manera, el esquema de aumento tarifarios para el gas incluye la suba de 34% promedio desde octubre y de 15% desde enero.

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