Menos voces: el antes y el después del la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Hace tres años atrás y a pocas horas de asumir como presidente de la Nación, Mauricio Macri tomaba una de las medidas más controversiales pero esperadas de su gestión: derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, comúnmente llamada “Ley de medios”. Si vamos un poco más para atrás, el proyecto de ley había sido aprobado en el 2009 con 147 votos a favor en Diputados y 47 votos a favor en Senadores pero eso no bastó.

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No fueron suficientes los foros que convirtieron a la Ley 26.522 en uno de los proyectos que más se han debatido en la sociedad argentina y fue a partir de ese momento cuando los medios de comunicación comunitarios se vieron afectados y muchos de ellos tuvieron que cerrar sus puertas.

En las últimas semanas, Página 12 dio a conocer un informe realizado por cinco universidades nacionales que reveló que existen 215 medios de comunicación comunitarios. De esa cifra se desprende que 131 se crearon entre 2008 y 2015 y dentro de esa cifra 124 son radios comunitarias y 7 son televisoras. Por otro lado, durante el periodo que va desde el 2015 a la fecha sólo se crearon 14 radios y 1 televisora, dando evidencia de la disminución que se produjo durante el actual gobierno tras la derogación de la ley y el debilitamiento de políticas públicas orientadas a la creación y fomento de los medios de comunicación comunitaria.   

En ese sentido, gran parte de las emisoras se encuentran en las zonas más pobladas del país: el 51% se ubican en las regiones Metropolitanas y del Centro del país. En el Noroeste y la Patagonia existen 40 y 37 experiencias respectivamente. En el primer caso, 30 de los 40 medios fueron creados entre 2008 y 2015, en tanto en la Patagonia 18 medios comunitarios fueron creados entre 1980 y 2007 y el resto durante el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La región con menor desarrollo de radios y televisoras se encuentra en el Noreste del país. En total, ocupa sólo el 3% a nivel nacional, dado que se contabilizaron 6 radios que tuvieron su origen entre 1980 y 2015 en Formosa, Misiones, Entre Ríos y Corrientes, mientras que sólo una emisora fue creada en 2016.

El informe subraya que “aunque la región Metropolitana tiene un peso relativo histórico relevante en el sector, su participación en el total no es abrumadora (cerca del 29 por ciento). De igual modo, aunque crece con fuerza el sector en la región Centro desde 2008 en adelante, tampoco llega a ocupar un lugar preponderante (23 por ciento). Comparativamente, en las regiones Noroeste, Noreste, Patagonia y Cuyo se registra baja cantidad de medios sin fines de lucro, en términos absolutos y en comparación con las zonas Metropolitana y Centro”. Aproximadamente el 68% de las emisoras actualmente activas surgieron en la última década y se desarrollaron durante el debate e implementación de la Ley 26.522.

No sólo se desaceleró la creación de emisoras, sino que las radios comunitarias existentes sufren una crisis de gran importancia como resultado de la falta de políticas orientadas al sostenimiento y fomento de las mismas. Durante el último mes, distintas redes de medios comunitarios se movilizaron al ENACOM para denunciar “que el gobierno sigue propiciando y avalando una legalidad a medias que discrimina y excluye medios comunitarios”.

En ese sentido, el principal cuestionamiento se centra en la resolución 4951 del 2018 que convoca a un proceso de “normalización” para otorgar licencias a los grandes centros urbanos pero al que sólo pueden acceder las radios comunitarias que recibieron reconocimiento en 2016. Es decir, esta norma pretende dejar afuera a todas las emisoras que se originaron posteriormente y son “hijas de la ley”, dado que su creación está vinculada durante el proceso de debate y sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Además, afirman que el gobierno excluye y discrimina porque permite que los grupos concentrados nieguen el acceso a la grilla a los canales de TV comunitarios del país que lograron acceder a una licencia.

No obstante, no sólo las radios comunitarias han sido perjudicadas en este proceso que impulsa el gobierno nacional sino que también los medios gráficos sufren los distintos aumentos ocasionados a partir de la suba del dólar que impacta de lleno en el precio del papel prensa y de los insumos que se requieren para la impresión de los ejemplares. El 19 de diciembre pasado se convirtió en ley el proyecto presentado por el diputado nacional, Diego Bossio, que modifica 8 artículos de la Ley 26.736, sancionada en 2011.

Esta iniciativa fue aprobada por 45 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones y se contó con el apoyo de, nada más y nada menos, Cambiemos y el interbloque peronista Argentina Federal. La ley deroga la regulación de la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel de diarios, es decir, ya no tendrá la obligación de abastecer el mercado interno.

A su vez, elimina la obligación de comercializar el papel a un precio único y público de pago y desregula la cantidad de producción nacional y de importación de pasta celulosa y papel. Diego Bossio defendió este proyecto en el Congreso y reconoció que “la situación económica está afectando a los medios gráficos, puede ser. Pero más los está afectando el cambio tecnológico”. En contraste, el diputado del Frente para la Victoria, Pablo Carro sostuvo que “no hay ningún quebranto, no están llamando a procedimiento preventivo de crisis, no conocemos el nombre del presidente de Papel Prensa. No podemos aprobar una ley sin conocer los números de la empresa”. Nicolás del Caño del FIT afirmó que el proyecto era “el regalo de fin de año para el Grupo Clarín ya que contrasta con la situación del resto de los trabajadores”.

Así finalizó el año previo a las elecciones presidenciales que dejó un saldo negativo para los medios comunitarios y también para aquellos medios que han sufrido el desmantelamiento y despidos como la Agencia Télam. Las candidaturas y el resultado de los comicios de octubre próximo aún es incierto, pero hay que tener en claro que en el caso de que el 10 de diciembre asuma un gobierno que represente los intereses de las mayorías, tendrá la obligación de reinstalar el debate sobre una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que sea superadora a la que tuvimos y que pueda tener una implementación total, sin el impedimento de ningún fallo judicial, porque sin medios comunitarios no hay democracia.

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