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Se agrava la crisis política en Perú

La disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra y la posterior renuncia de Mercedes Aráoz, presidenta interina elegida por el parlamento opositor, provocaron una profunda crisis política.

El pasado lunes Perú vivió horas tensas cuando el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso. Esto se dio luego de que el parlamento eligiera un magistrado para el Tribunal Constitucional. El presidente había presentado una «cuestión de confianza» para modificar la ley que establece los mecanismos de elección de los miembros del tribunal. A su vez pidió suspender la elección de los nuevos magistrados que estaba incluída en la agenda del día de la cámara.

A pesar del pedido del presidente, el congreso no modificó el itinerario y continuó con el proceso. Esto llevó a Vizcarra a tomar la decisión de disolver el parlamento. Luego de eso, convocó a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020.

Ante esta disposición el Congreso contraatacó. Dominado por el fujimorismo y sus aliados de extrema derecha, acusó al mandatario de violar la Constitución. De los 130 integrantes, más de 80 votaron a favor de la suspensión de Vizcarra de su cargo. Luego designaron a Mercedes Aráoz, quien era vicepresidenta electa, como presidenta interina.

La decisión de Aráoz.

En el día de ayer, Aráoz renunció a ambos cargos.  Mediante su cuenta de Twitter difundió la carta dirigida a Pedro Olaechea, titular del disuelto parlamento donde declina a sus cargos. Allí argumentó que » se ha roto el orden constitucional del país». Agregó que espera que su renuncia «conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país»

Ante esta situación el gobierno advirtió que la renuncia no es efectiva ya que fue presentada ante un Congreso que fue disuelto.  Determinaron que por este motivo, Araóz continúa siendo vicepresidenta.

Reacciones internacionales.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno alemán, pidieron a ambas partes respetar el orden constitucional y plantear una solución que no ponga en peligro la estabilidad del país.

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