Maria Eugenia Vidal a la justicia por aportes dudosos en la campaña

El juez federal  Alejo Ramos Padilla desaprobó los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos desarrolló en las PASO del 2017. Precisamente en el territorio bonaerense, cuando María Eugenia Vidal era gobernadora.

En un fallo el magistrado ordenó «extraer testimonios» de lo obrado en ese expediente «e iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito».

Además, el juez sancionó con multas a los espacios que conforman la alianza Cambemos:

• El PRO deberá pagar $3.246.965
• La UCR y la Coalición Cívica $990.599 cada uno
• Y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático; Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social; Fé del Diálogo y Movimiento Social por la República, recibieron todos sanciones por $34.395.

La Justicia investiga si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos

Recordemos que en ese entonces, la lista de candidatos a Diputados Nacionales la encabezaba Graciela Ocaña. Y la lista de Senadores llevaban a los candidatos Esteban Bullrich y Gladys González.

Además María Fernanda Inza, tesorera del PRO, era la encargada de manejar las cuentas del partido durante la campaña de 2017.

El caso de los aportantes truchos

El caso se conoció por una nota difundida en 2018. Allí se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña de Vidal.

Esas personas, que llegaron a ser miles figuraban como afiliados al PRO. Que a su vez, habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $350 y $1.500.

En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña «no coincidía» con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.

A la vez, el magistrado remarcó que el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos con el Registro Nacional de Electores, los DNI no se correspondían. 

Además, se realizó un entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP, en el cual se expuso un listado de 179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales. 

También se detectó que 40 aportantes podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia.

Por último, se detectaron 209 personas que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses.

Precisamente en el expediente se graficó que había aportantes que donaron $20.000 pero percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales). Asimismo, otros aportaron $17.000 y cobraban la Asignación Universal por Hijo.

Fuente: Télam