Rige la prohibición de contratar personal en el sector público

El gobierno oficializó mediante un decreto que las entidades y jurisdicciones del sector público «no podrán efectuar contrataciones de personal de cualquier naturaleza». 

La prohibición comprende a distintas modalidades de designación y contratación. Aunque, con una serie de excepciones focalizadas en el ámbito de Ciencia y Tecnología; el cuerpo diplomático, guardaparques y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Además, profesionales de hospitales, personal penitenciario, de fuerzas armadas y de seguridad, entre otras.

Al enumerar qué tipos de contrataciones quedan congeladas, el decreto menciona las designaciones a término en planta transitoria; las contrataciones por tiempo determinado para prestar servicios de carácter transitorio o estacional; las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y trabajo eventual.

Asimismo, otras modalidades de empleo que quedan restringidas son:

• Las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos, para las que están facultados el jefe de Gabinete, ministros, secretarios de Estado y titulares de entidades descentralizadas y fondos nacionales
• Las designaciones transitorias en cargos simples de planta permanente
• Las contrataciones de personal con o sin relación de dependencia, incluso bajo estatutos especiales o fuentes de financiamiento no presupuestarias.

El decreto, con las firmas de Alberto Fernández, Juan Manzur y Silvina Batakis, establece en sus consideraciones que «resulta adecuado adoptar diversas medidas con miras a garantizar un ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional, en lo que hace a la contratación de personal».

«Resulta adecuado adoptar diversas medidas con miras a garantizar un ejercicio responsable del presupuesto nacional, en lo que hace a la contratación de personal»

Ademas, por otro lado, prevé la continuidad del Plan de Regulación del Empleo Público, acordado con los sindicatos del sector en la paritaria 2020, por resultar «indispensable para el efectivo desenvolvimiento de la Administración Pública».