“El sistema penal demostró ser incapaz de resocializar e incluir a las personas“

Los proyectos sobre la baja de la edad de imputabilidad van y vienen, son una constante. Se discutieron en 2015, en 2017 y otra vez en 2021. En este contexto punitivista, se vuelve a discutir la baja, pero esta vez a los 13 años. Sin embargo, el debate debería ser otro: ¿Qué pasa con el sistema penal y cómo impacta en la resociabilización?

En diálogo con El Numeral, Angela Oyhandy, coordinadora del Observatorio de Seguridad Ciudadana (FAHCE-UNLP Y CPM PBA) e investigadora sobre la cuestión penal juvenil y políticas de seguridad, explicó que la “edad mínima establecida es de 14 años, conforme a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños”. Si bien advierte que los debates anteriores proponían bajar la edad a los 14 o 15 años, “ninguno había llegado a 13 como este”.

“Estoy en contra de la baja de edad, pero a favor de actualizar el régimen penal juvenil”, explica y agrega que “data de los años 80 y es una de las últimas leyes de la dictadura”. “Es crucial avanzar hacia una legislación que respete los derechos humanos y las garantías del debido proceso para los jóvenes frente a un reproche penal», señala. Y advierte que es “un asunto pendiente e indispensable”. “No creemos que hay una edad definida para que los jóvenes sean punibles o no. Nuestra preocupación no radica en su capacidad de entender la criminalidad del acto”, afirmó.

-¿Cómo impacta el sistema penal en los jóvenes?

No estamos en contra de una cuestión esencial relacionada con la creencia de que hay una edad a partir de la cual los jóvenes pasan de ser punibles a no punibles, como ocurre actualmente a los 16 años. Nuestra postura no se basa en la capacidad de los jóvenes para comprender la criminalidad de sus actos. En cambio, se trata de una decisión de política criminal. Consideramos que, dadas las circunstancias sociales actuales, así como la situación vinculada a los mercados ilegales y las políticas de seguridad, no es conveniente incluir a jóvenes cada vez más pequeños dentro del sistema penal, ya que esto no generará soluciones positivas.

-¿Cómo se sustenta esta posición?

Nuestra oposición se sustenta en dos argumentos principales. En primer lugar, no existe evidencia que demuestre que el sistema penal realmente pueda prevenir delitos o cumplir con los objetivos de resocialización e inclusión que se le atribuyen. Es importante cuestionar, entonces, cuál es el objetivo de mantener el sistema penal para los jóvenes. Aumentar la edad de punibilidad o incrementar las penas no garantiza la prevención del delito.

En segundo lugar, el sistema penal demostró ser incapaz de resocializar e incluir a las personas, y su impacto es a menudo negativo para aquellos que lo transitan. Por lo tanto, hemos decidido redirigir nuestros esfuerzos hacia enfoques que consideremos más efectivos y constructivos en este contexto. Es fundamental tener cuidado con esta medida, ya que podría tener un efecto contraproducente al fijar a jóvenes en el mundo del delito.

-¿De qué manera podría afectar a estos jóvenes el ingreso al sistema penal?

Aquellos que cometen un primer hecho delictivo y que, al ser incluidos en el sistema penal, quedan estigmatizados e inmersos en grupos delictivos más consolidados, pueden ver alterada su trayectoria, llevándolos hacia el crimen en lugar de orientarlos hacia la escolaridad, el deporte o una vida alejada del delito. Este es un argumento sólido a considerar: no solo el sistema penal no previene ni resocializa, sino que también puede ser perjudicial.

Existen numerosos estudios, aunque quizás no estén vinculados a nuestro país debido a la falta de investigaciones en este ámbito, que demuestran que la delincuencia juvenil es una experiencia bastante común, pero que solo un pequeño grupo de jóvenes que atraviesan estas experiencias delictivas continúa con lo que se conoce en criminología como “carrera delictiva”. Quienes tienen más probabilidades de continuar en esta trayectoria son aquellos que han sido tocados o ingresados por el sistema penal, lo que refuerza nuestros argumentos en contra de su inclusión en dicho sistema.

-Teniendo en cuenta que los homicidios dolosos del Fuero Criminal y Correccional se redujeron en un 45,5% desde 2009 a 2022, mientras que los del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil lo hicieron en un 59,9%, ¿hay una alarma que requiera precipitar el debate?

Además, basándonos en las estadísticas del delito registrado, podemos observar un indicador significativo; el de los homicidios dolosos. En este aspecto, hemos notado una disminución considerable de homicidios en general en la provincia de Buenos Aires. En particular, en el caso de los homicidios cometidos por jóvenes no punibles (menores de 18 años), hemos visto un descenso notable, alrededor del 60%.

Esto sugiere que no hay una alarma que se base en datos confiables que indiquen que este problema esté aumentando. Sin embargo, es importante señalar que esto no significa que podamos inferir lo mismo en relación a todos los tipos de delito o que todas las formas de delito juvenil estén disminuyendo. En resumen, actualmente no hay indicadores que sugieran que la participación de los jóvenes en actividades delictivas esté incrementándose.

El impacto de los datos y estadísticas pocos confiables

En el análisis sobre la problemática del delito juvenil, Angela destaca la importancia de reconocer la complejidad de las situaciones en las que se encuentran muchos jóvenes y niños involucrados en conductas delictivas. Señala que, a menudo, “estas incidencias no son registradas adecuadamente, no solo porque pueden tratarse de delitos menores, sino también debido a la naturaleza de la propiedad que dificulta la generación de estadísticas confiables”.

Además, la especialista subraya que, si bien no se debe minimizar la seriedad de estos casos, es “fundamental implementar políticas específicas para los jóvenes en conflicto con la ley. Esta responsabilidad no puede recaer únicamente en la policía o el sistema judicial”, sino que requiere un enfoque especializado que “contemple la interacción con problemas de salud mental y consumo de sustancias”, dado que a menudo coexisten.

Asimismo, resalta la insuficiencia del Estado para brindar respuestas adecuadas a estas problemáticas. “Muchas de estas situaciones no se solucionan simplemente con educación y acceso a clubes deportivos; es necesario un abordaje concreto y específico” que contemple situaciones de delitos no punibles y que esté fuera del marco del sistema penal. A través de esta perspectiva, aboga por el desarrollo de programas específicos que atiendan a este grupo poblacional de manera efectiva.

Qué dicen los datos sobre la reforma del régimen penal juvenil que propone el Gobierno

De hecho, en el boletín de julio del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, que examina el reciente aumento del punitivismo legislativo en Argentina, destacan propuestas de reforma del régimen penal juvenil que buscan reducir la edad de imputabilidad y aumentar las penas, en un contexto socioeconómico de creciente pobreza y exclusión. Según detalla el equipo de investigadores del que forma parte la entrevistada, estas reformas apoyadas por discursos mediáticos que criminalizan la juventud, refuerzan un enfoque punitivo que ignora las dinámicas sociales subyacentes a la delincuencia juvenil y el impacto de la pobreza. El documento propone alternativas que promuevan la inclusión social en lugar de medidas represivas del sistema penal.

Esperamos que estos análisis y reflexiones sirvan a la discusión y debate, de los que el OAJ viene participando hace tiempo.

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— Observatorio de adolescentes y jóvenes IIGG-UBA (@observatorioJyA) July 11, 2024

Asimismo, detallan que observan incrementos en las penas y medidas de encarcelamiento preventivo sin abordar los problemas sociales que subyacen a la criminalidad juvenil en un contexto de pobreza creciente que impacta en la vulnerabilidad de los adolescentes, acentuando su marginación.

Las iniciativas legislativas actuales promueven la intervención del sistema penal en aquellos que están por debajo de la edad de imputabilidad, en contraposición con enfoques restaurativos.

Cuáles son las principales suposiciones para bajar la edad de imputabilidad

El documento del Observatorio analiza las principales suposiciones detrás de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad en relación con la delincuencia juvenil y señala los problemas que estas conllevan:

1. Necesidad de reforma penal: Se argumenta que aumentar penas y modificar leyes son soluciones adecuadas para la delincuencia juvenil. Sin embargo, la evidencia indica que un enfoque punitivo no reduce efectivamente la violencia o el crimen entre jóvenes y puede generar marginación y recidiva.

2. Mejora de la seguridad pública: Se cree que juzgar penalmente a niños de 12 o 13 años aumentará la seguridad social. Esta suposición ignora el contexto de pobreza y desigualdad que enfrentan muchos jóvenes, evidenciando que políticas de inclusión social son más efectivas.

3. Crear políticas punitivistas como respuesta a problemas sociales: Existe la creencia errónea de que la delincuencia juvenil se puede resolver solo con medidas penales, simplificando un problema social complejo y desestimando la importancia de tratar sus causas profundas, relacionadas con factores económicos y sociales.

4. Adolescentes como peligros inherentes: Este pensamiento conduce a un tratamiento punitivo de los jóvenes, tratándolos como amenazas y obviando su condición de víctimas del sistema social. Esto fomenta la estigmatización y perpetúa el ciclo de violencia y criminalización.

5. Impacto en derechos de los menores: Se asume que las reformas no afectarán negativamente los derechos fundamentales de los jóvenes, pero la historia muestra que la criminalización y el endurecimiento de las leyes pueden resultar en violaciones a sus derechos y aumentar su vulnerabilidad.