Un gobierno que premia la violencia policial
En el día de ayer se dio a conocer en el Boletín Oficial la resolución 1473/2017 del Ministerio de Seguridad, por la cual el subalférez de la Gendarmería, Emmanuel Echazú -único imputado en la causa que investiga la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado- fue premiado con un ascenso.
En la resolución del ministerio a cargo de Patricia Bullrich, se promueve junto a Echazú a un listado con decenas de efectivos de la Gendarmería, se afirma que “habiéndose evaluado los resultados obtenidos por la Junta de Calificación respectiva, no existen impedimentos para el ascenso al grado inmediato superior del mismo, a la fecha que para cada caso se especifica”.
Pasados cinco meses de la represión ilegal que derivo en la aparición sin vida de Santiago tras 78 días de desaparición forzada, la ministra Bullrich paso de decir en el senado frases con una aparente cautela como “no voy a tirar gendarmes por la ventana para sacarme la responsabilidad, porque es la fácil” a directamente premiar sin mayor rigurosidad al único imputado por la desaparición forzada de Santiago.
Si bien el decreto ministerial deja entrever lo contrario, los ascensos en las fuerzas de seguridad no son automáticos y queda supeditado a la facultad del Poder Ejecutivo darle curso, pero el gobierno no optó en el caso de Echazú por aguardar que la causa sea resuelta.
Una vez que el cuerpo de Santiago fue hallado e identificado, el imputado y flamante alférez Echazú hizo declaraciones, luego del operativo ilegal del que fue parte: “si se hubiera entregado, estaría vivo”. Resultan estas palabras coincidentes con lo que el propio presidente Mauricio Macri dijo que “hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse”.
Esto deja en evidencia una vez más, que Patricia Bullrich premia a los oficiales que cumplen con la política de la represión, la aplicación de la violencia institucional ahora como política de estado para perseguir y la militarización para combatir y criminalizar la protesta social. A su vez, el Gobierno Nacional se asegura ejercer la suficiente presión sobre los miembros de la justicia que llevan a delante la investigación, dando un veredicto anticipado y autocomplaciente: para el Gobierno, Santiago se ahogó solo.
Desde su pagina de Facebook, la familia de Santiago solicito que la resolución sea revocada, ya que la decisión resulta “como mínimo prematura” recordando que la investigación que involucra a Echazú sigue en curso, y agrega que la iniciativa resulta “impropia e improcedente” porque puede constituir un aval a prácticas represivas ilegales y una provocación.
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