En el día de ayer, y con el apoyo de 71 diputadas y diputados de todo el arco político, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto presento el proyecto de ley de Interrupción Voluntario del Embarazo (IVE) en el Congreso.
El proyecto busca reparar las consecuencias que la falta de políticas del Estado, con la omnipresente influencia de la Iglesia Católica, ha dejado. Según los datos presentados por la Campaña, desde el retorno de la democracia, más de 6000 mujeres perdieron la vida en abortos inseguros. Estas estadísticas respaldaron la necesidad de los derechos que el proyecto de ley busca proteger.
Según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, y sólo en casos hospitalarios documentados – cuyo dato mas reciente es del año 2016 – con 43 casos el embarazo terminado en aborto es la principal causa de fallecimiento materno, de un total de 245 muertes maternas en el año, lo que representaría un 17,6% (mucho menos que el 31,9% de 2004 que es el pico máximo de los últimos veinte años, y un 0,9% interanual menos comparado con 2015). Cabe destacar que todos estos casos surgen de las actas de defunción que las propias instituciones medicas proveen, en las cuales se omite la palabra concreta -aborto-, pero que se infiere por las causas de muerte relacionadas a complicaciones en abortos inseguros. Es decir, los embarazos terminados en abortos son la principal causa de muerte materna en nuestro país. De estas muertes, el rango mas afectado es el de mujeres de 20 a 24 años, con un 28% de mortalidad materna.
La problemática no se circunscribe a las paredes de un hospital, ni se borra por la letra fría de un Código Penal que condena su práctica, si no es en casos de violación o peligro de vida para la mujer: medio millón de mujeres por año se practican abortos en Argentina. Si bien el dato es puesto en cuestión y rechazado por el extremismo anti abortista, jamás hubo un interés real de estos sectores por cuantificar un flagelo que afecta a una porción de la población que desprecian.
Los datos mas precisos que existen surgen del informe que Amnistía Internacional realizo en 2005, llevado a cabo por las demógrafas Edith Pantelides y Silvia Mario. Según sus conclusiones se practican, al menos, 450 mil abortos por año. Otras estimaciones, como la de 2009 elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación, basadas en el cálculo de variables como el uso de anticonceptivos, las costumbres sociales y parámetros biológicos, menos la cantidad de nacimientos, dan un resultado que va desde los 486 mil a los 522 mil abortos anuales.
En comparativa con la legislación mundial, cerca del 40% de la población mundial vive en países en los cuales el aborto es legal, la gran mayoría de ellos ubicados en el hemisferio norte.En el caso de Latinoamerica, desde 2012 Uruguay despenalizó el aborto y experimenta una drástica reducción de la mortalidad materna, pasando de 37,5% entre 2001-2005 a un 8% entre 2011-2016. Además, en México – donde el aborto es ilegal- hubo 659 muertes maternas en 2015, mientras que en el Distrito Federal, donde el aborto es legal desde 2007, la tasa de mortalidad es 0%.
Después de siete rechazos para su tratamiento legislativo, la clase dirigente de nuestro país tiene nuevamente la oportunidad de ponerse a la altura de la historia con un drama que es ajeno a todo tipo de disputa partidaria mezquina: el aborto legal, seguro y gratuito es un reclamo urgente que está lejos de ser algo “para desviar la atención” de otros asuntos, ni es un logro de la conducción política del Estado. Es un triunfo de quienes desde hace años vienen batallando para poner visibilizar la problemática que se lleva la vida de las mujeres más humildes.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Los comentarios están cerrados.