Pasaron diez meses de aquella brutal represión perpetrada por Gendarmería Nacional, cuyo objetivo primario de despejar la ruta 40 -cortada por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen-, se transformó en una cacería que derivó en la desaparición de Santiago Maldonado, quien fue hallado sin vida luego de setenta días. El accionar criminal de las fuerzas represivas fue ordenado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en cumplimiento de la política de gobierno de Mauricio Macri de criminalizar la protesta social con aplicación discrecional de la violencia como herramienta de sometimiento.
En el día de hoy, Sergio Maldonado abrirá un debate en torno a la causa judicial en la sede de Políticas Sociales a las 19 horas, en las calles 13 y 27 de la localidad de 25 de Mayo junto a su abogada, Verónica Heredia. Las acciones continuaran el sábado 2 de junio, con una movilización por Verdad y Justicia en la misma ciudad como epicentro. Esta será desde Plaza Sarmiento hasta Plaza Mitre, exigiendo el esclarecimiento de la desaparición y muerte de Santiago.
El juez Gustavo Lleral ha rechazado a la fecha dos pedidos de cambio de caratula a “muerte dudosa” -el primero fue el 22 de diciembre de 2017, un mes después de que 55 peritos determinaran que la muerte se produjo por “ahogamiento por sumersión y posterior hipotermia, sin signos de violencia”. El último fue el 5 de mayo de 2018, conservando el estado actual de la causa que investiga una “desaparición forzada seguida de muerte”, a pesar de que a partir de la aparición del cuerpo sin vida de Santiago se han logrado escasos avances en dicha investigación.
Cabe recordar que pese al resultado de la pericia que determino la forma en la que murió Santiago, no está descartado el vinculo y la responsabilidad de las fuerzas represivas en el caso. El secretario y mano derecha de Bullrich, Pablo Noceti, dos días después de la represión ordenó esconder y alterar los vehículos que Gendarmería uso para violentar a la comunidad mapuche con el fin de borrar toda evidencia que involucre a los uniformados.
Hace algunas semanas, el diputado nacional Horacio Pietragalla Corti y la legisladora porteña, Myriam Bregman denunciaron penalmente al primer juez de la causa, Guido Otranto «por realizar espionaje ilegal sobre la familia de Santiago Maldonado y otros testigos». Otranto había ordenado la intervención judicial del teléfono de Sergio Maldonado y de los testigos Ariel Garzi, Claudina Pilquiman y Marcela Scotovaz, sin más fundamento que el de quitar el foco de Gendarmeria. A su vez, ordenó la intervención telefónica a Sergio Maldonado el mismo 22 de septiembre de 2017, día en que fue desplazado de la causa principal.
El grupo de familiares y amigos de Santiago continúa apoyándose en las incontables muestras de acompañamiento que reciben a diario con el objetivo que este caso no quede en el olvido y se continúe en la búsqueda de verdad y justicia.
Los comentarios están cerrados.