Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la seguridad alimentaria se alcanza cuando toda las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable. En Argentina, a pesar de existir disponibilidad y estabilidad de los alimentos, el acceso es inequitativo.
El informe afirma que en la población general, el 58% de los adultos está excedido de peso: 37% tiene sobrepeso y el 21% es obeso. Sin embargo, se observa que la obesidad y sobrepeso es mayor en los sectores con menor nivel educativo. También es preocupante la situación en los niños, niñas y adolescentes, considerando que Argentina presenta una de las tasas más altas de obesidad infantil de Latinoamérica.
El aumento en el precio de los alimentos saludables (frutas, verduras, lácteos y carnes) amenaza el alcance de una alimentación saludable al disminuir el poder adquisitivo frente a estos productos y obligando a las familias a reemplazarlos por alimentos de peor calidad nutricional.
Por último, concluye que «el alimento no puede ser considerado como una mera mercancía, sino como un derecho universal al que deben acceder todas las personas. El Estado debería garantizarlo mediando entre los intereses de la población y de las corporaciones alimentarias, a través de la regulación del mercado, la mejora del poder adquisitivo y la redistribución del ingreso, apuntando a garantizar el acceso a alimentos inocuos, saludables, culturalmente adecuados, asegurando el derecho a la salud.»
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