Caso Chocobar: una pericia que favorece el gatillo fácil

En las últimas horas se conoció el resultado de un peritaje que revela que el Policía Local, Luis Chocobar -mascaron de proa que el gobierno utiliza para legitimar el gatillo fácil- habría disparado al suelo el proyectil con el que asesinó a Pablo Kukoc, hace poco mas de un año en el barrio porteño de La Boca.

Si bien la pericia fue ordenada por los abogados de la familia de la víctima, la pericia fue realizada por colegas de Chocobar de la Policía Federal, y si bien desde el Gobierno y la defensa del policía de Avellaneda esto fue tomado como una buena noticia, lo cierto es que hay varios argumentos con los cuales Chocobar, camino a juicio oral luego de que todas las instancias judiciales fallaran en su contra, puede enfrentar una condena e inhabilitación por exceso de legítima defensa.

Kukoc estaba en comisión de un delito con un cómplice que no fue identificado y escapó. El policía comenzó a disparar criminalmente contra el joven que, según la pericia, murió por el rebote de dos de los proyectiles disparados en plena persecución por el policía. Dicha persecución fue posible porque el delito cometido por Kukoc -quien no apuñalo al turista- ya había cesado y no había riesgo de vida para nadie.

Lo que el peritaje no pudo responder, porque será función de la justicia resolver, es determinar porqué Chocobar no cumplió con el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ambos protocolos de la ONU, a los cuales las fuerzas de seguridad de nuestro país adhieren.

Según estos protocolos que Chobocar incumplió se obliga a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a respetar y proteger la dignidad humana, mantener y defender los derechos humanos de todas las personas. Además, se exige que el uso de arma de fuego sea solamente cuando otros medios resulten ineficaces, o cuando su empleo sea inevitable, y se debe ejercerse con moderación y en proporción a la gravedad del delito, reduciendo al mínimo los daños y lesiones, respetando y protegiendo la vida humana.

Asímismo, el protocolo de uso de arma de fuego de la Policía Federal Argentina -documento base que legisla de arriba hacia abajo según el orden jurisdiccional (nacional, provincial y local) el uso de armas por parte de los uniformados de todas las fuerzas- tiene una serie de consideraciones que restan legitimidad al accionar de Chocobar:

• Primero, establece que el uso de las armas exige siempre una causa suficiente, razonable y demostrable en juicio para justificar en enfrentamiento con personas armadas, con el mínimo de riesgo posible para la integridad física de terceros inocentes, cosa que no sucedió.
• Aclara también que la fuga no justifica el uso de armas, excepto que en su huida el agresor continúe haciendo fuego contra el personal policial y, ante esa circunstancia, no impedir su fuga implique peligro inminente de muerte para sí o terceros. Este punto tampoco se respetó, porque Kukoc no generaba ningún peligro en su huida.

El caso de Chocobar fue utilizado para que el gobierno muestre su faceta más criminal y para captar y apuntalar su capital político con la atención de sectores que avalan este punitivismo express. Todas las consideraciones reglamentarias que se mencionaron en los párrafos anteriores fueron derogadas por la Resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad, que habilita la aplicación discrecional de gatillo fácil contra toda persona que sea sospechosa de cometer algún delito, correr o participar en manifestaciones masivas.

Una condena ejemplar contra Luis Chocobar sería un freno a la escalada de locura y criminalización de un gobierno que en tres años ya se cobró la vida de más de 1100 personas por violencia institucional, la cual hoy es política de Estado, para corregir con las balas lo que Cambiemos no logra con los votos.