«En Jujuy no hay políticas públicas con perspectiva de género»

En el marco de las desapariciones y femicidios que se dieron durante los últimos días en la provincia de Jujuy, conversamos con Ana Cicchitti, también conocida como «Coca». Además de ser responsable de Frente de Mujeres, Diversidades y Disidencias de La Cámpora Jujuy, es Licenciada en Trabajo Social, con Posgrado en Cs. Políticas y en Perspectiva de los géneros.

Además de la situación de desborde sanitario y la crisis económica, la provincia sufre histórica y estructuralmente la violencia machista. Una violencia que además de ser estructural, se vio institucionalizada y naturalizada.

Es necesario contextualizar la situación en términos generales de la provincia. Ana, profundiza la situación que se vive desde diciembre de 2015, cuando asume la nueva gestión. Gerardo Morales y su equipo siempre «tuvieron un posicionamiento muy claro con el tipo de gestión que implementarían en la provincia. Aliado a Cambiemos y al macrismo, su gestión es excluyente, autoritaria y violenta con medidas que lejos estaban y están de garantizar los derechos a las, les y los jujeños, de dar respuestas a las demandas y necesidades, de priorizar a la educación pública, a la salud y a las problemáticas sociales. Lo que hubo fue un desmantelamiento. A ello, hay que sumarle la falta de transparencia a la hora de rendir cuentas: no solo que no lo hacen, sino que tampoco hay acceso a la información en lo que remite a la ejecución de las partidas presupuestarias.

Morales asume bajo el slogan de Unión Paz y Trabajo que quedo rapidamente en el olvido. El ataque a las y los trabajadores del sector público, principalmente docentes fue abrumador. Con el trascurso del tiempo fue construyendo la lógica de un discurso pacifico que colmaba los medios de comunicación hegemónicos que reciben pauta,  engañaban al pueblo con el discurso de la anti política y se abocaron al uso de esa política para generar intereses personales y no para el pueblo: me refiero a las designaciones múltiples de familiares directos e indirectos del gobernador en la gestión como el caso la plantación de marihuana que maneja el hijo de Morales, sin ningún tipo de especialización en el tema. O, por ejemplo, en medio del desborde de contagios por el coronavirus, la instalación de un autocine con una gran inversión que maneja también otro hijo de Morales. 

La violencia institucionalizada

En 2019 se formó el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, manejado por Alejandra Martínez, ex funcionaria radical y ex diputada de Morales. El organismo «fue creado sin presupuesto real porque, habitualmente, se define el año anterior… Entonces me pregunto ¿Por qué crearon un consejo si no contaban con un presupuesto para trabajar?»

Por otra parte, durante el año pasado se realizaron vastas denuncias a funcionarios oficialistas de primera línea por abuso sexual, acoso, violencia, hostigamiento y persecución. Incluso hubo una denuncia de violación, pero desde el Consejo no hicieron ningún tipo de manifestación pública”, cuenta.

«El fiscal general Lello Sánchez del Ministerio Público de la Acusación tiene denuncias por violencia de género, hostigamiento y persecución laboral. Sin embargo, siguió ejerciendo y firmó un convenio de trabajo con Alejandra Martinez, presidenta del Consejo de las Mujeres; el ex ministro de Trabajo, ya fallecido Cabana Fusz, también recibió denuncia por acoso y violencia. Sin embargo, siguió en sus funciones hasta que el movimiento feminista logró que «se corra» por la presensión que se ejerció. El resultado fue simplemente una licencia. Poco tiempo después supimos que le hicieron un contrato en el Banco de Desarrollo de la Provincia.

En la misma línea, un familiar de Morales, acusado por su sobrina por abuso sexual infantil, trabajaba en la Secretaria de Relaciones con la Comunidad, encargado de dar charlas de violencia de género. Cuando el caso tomó conocimiento público, fue apartado de su cargo por la presión nuevamente de las denuncias del movimiento feminista pero contenido con un contrato en otra dependencia.

Por último, el caso gravísimo fue el del presidente del Tribunal Supremo de Justicia Baca acusado de violación».

A esto debemos sumar la violencia institucional constante por parte de la policía contra la población LGTBI+: este año ocurrió en la localidad de Libertador un caso de violencia y abuso contra una chica trans donde se ejerció violencia psicológica y física, y un «intento de corrección». Por supuesto no es el único caso en la provincia.

La situación se intensifica en las zonas rurales, quebrada y puna de la provincia. Por ultimo, contamos solamente con una comisaria de la mujer en toda la provincia y un Refugio el cual no funciona.

¿Cómo funciona el Consejo?

El consejo empieza a funcionar en 2019, sin recursos propios y sin un plan estratégico para luchar contras las violencias patriarcales. Lo cierto es que utilizaron el eslogan de las problemáticas de género como campaña política para ganar las elecciones, simplemente porque no hubo materialización de políticas publicas con perspectiva de género, tras ganar las mismas.

Este año puntualmente y con la crisis sanitaria, desde el Consejo manifestaron en un principio que no había un aumento de casos (de violencia de género), lo que resultaba extraño. Es una conjetura, pero sabemos que durante el  aislamiento obligatorio hay un aumento considerable de casos de abuso y de violencia justamente por la convivencia con sus abusadores y agresores. De hecho, el Ministerio de las Mujeres Nacional tomo medidas desde un inicio en relación a este punto. En el resto del país, informaban que las denuncias habían aumentado 40% por violencia por motivos de género.

Comenzaron entonces con la aplicación de la Ley Micaela a diversos sectores y ejecutaban reuniones intersectoriales que se mostraban en el Facebook del consejo. El resumen de la gestión: solo fotos.

¿Qué acciones tomaron?

El Consejo armó un protocolo de actuación en casos de violencia en la administración pública, sin articulación con otras organizaciones.  El protocolo lo único que hacia era revindicar la violencia y revictimizar a las víctimas. Las denuncias que iban a recibir eran de los funcionarios de la misma línea, poco ético.

Femicidios en cuarentena

Desde el 2015 a la fecha tenemos 45 femicidios.  El estallido social comienza a gestarse por el femicidio de Cesia, una joven de 20 años de la puna que estuvo diez días desaparecida. Fue encontrada en un descampado municipal. El principal acusado es un niño de quince años. Hay dos imputados más por encubrimiento, el padre y el abuelastro.

A los pocos días desaparecen Iara y Gabriela, con un día de diferencia. Las familias, vecinos y vecinas aseguran que nunca vieron a la policía rastrillando como corresponde, de manera inmediata e intensa.  Dada la inoperancia de la policía «aparentemente capacitada con la Ley Micaela», se armó de forma independiente en Palpalá un rastrillaje entre vecinos y vecinas, familiares, y militantes feministas. El primer día no se encontró nada, en el segundo día de rastrillaje hallaron un cuerpo en un descampado que, según las y los vecinos esa zona habría sido rastrillada el día anterior.

Frente a esa situación el pueblo palpaleño corto la ruta, de manera espontánea. Aun no se sabía de quien era el cuerpo, pero llego la Infantería y la policía preparada para “ordenar” y que de despeje la ruta. Con una actitud represiva, la policía de Morales en vez de buscar a la otra joven desaparecida, ya estaba preparada para reprimir si era necesario.

Después de confirmarse que el cuerpo era de Iara, se realizó una movilización espontánea que se replicó en varios puntos de Jujuy. El resultado de la movilización fue represión de la policía.

Sin poder sobreponerse al femicidio de Cesia y de Iara, al día siguiente se cometió otro femicidio, el de Roxana compañera militante del MTE que estuvo en la marcha pidiendo justicia. La información que circulo en los medios es que fue envenenada por su pareja que luego se suicidó. Tenía tres hijos/as pequeños. Tuvimos dos femicidios en dos días.

Continuaron las movilizaciones espontáneas ya no solo del movimiento feminista, sino de toda una sociedad que se sintió interpelada. Por primera vez pequeños pueblos de la puna, de la quebrada, de los valles se movilizaron exigiendo justicia y la pronta aparición de Gabriela.

Hoy despertamos con un nuevo femicidio, hallaron el cuerpo de Gabriela de 23 años luego de una semana en un descampado alejado de la ciudad de Palpalá, en Jujuy. Está detenido su ex pareja, quien confesó el crimen.

«Un estado patriarcal, cómplice y mentiroso»

La situación de Jujuy gravísima porque la violencia patriarcal está totalmente institucionalizada. Es un Estado patriarcal, cómplice y violento  que siempre gestionó para sus propios intereses.

La única verdad es la realidad. En Jujuy no hay políticas públicas con perspectiva de género y acciones planificadas de manera integral en clave feminista. Nunca lo hubo. En Jujuy las niñas, mujeres y diversidades estamos totalmente desprotegidas, en la desidia absoluta y con un gobierno que sigue sin escuchar el reclamo de la ciudadanía. Mientras tanto, nuestras vidas siguen en riesgo.