Macri lo intentó y no pudo

Este lunes la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la recusación planteada por el expresidente Mauricio Macri contra la jueza de ese tribunal, Ana María Figueroa. El objetivo era correrla de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos del Banco Nación a Vicentín.

Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, pares de la jueza, señalaron que la defensa del ex mandatario «no ha logrado demostrar la existencia de elementos objetivos suficientes».

Los jueces rechazaron el planteo porque consideran que no se puede presumir una supuesta falta de imparcialidad. Según Macri, la jueza debía ser apartada bajo el argumento de que es una las magistradas que declaró en calidad de testigo en el marco de la causa que se investigan supuestas presiones de la Mesa Judicial de Cambiemos sobre jueces y fiscales.

La acusación sobre maniobras de lavado de activos se encuentra en la Unidad de Información Financiera (UIF). Además de Mauricio Macri, se pidió que se investigue a el expresidente del Banco Central, Guido Sandleris; Javier González Fraga, extitular del Banco Nación; y a los dueños de Vicentín.

Denuncias, irregularidades e investigación

En un informe de las actuales autoridades del Banco Nación se dio cuenta de un supuesto otorgamiento irregular de créditos a la empresa Vicentin. La empresa cerealera habría recibido más de 18.000 millones de pesos.

A través de Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, se advirtió una deuda. La misma violó la normal del banco en relación a los préstamos a grandes empresas.

La supuesta maniobra delictiva se habría generado a través de funcionarios del Banco de la Nación Argentina. Asimismo, se investiga el incumplimiento deliberado de los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria.

Según el expediente judicial al que accedió Telam, se lo acusa de otorgar «irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentín SA y Algodonera Avellaneda SA -al menos durante el año 2019-«. Además, advierte que «omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba».

Por otro  lado, la investigación abarca presunta participación criminal de los empresarios de esas compañías y la connivencia con los funcionarios.

Fuente: Telam