Referéndum sobre la expropiación de viviendas en Berlín
Ciudadanos de Berlín, la capital de Alemania, votaron a favor de que el Estado municipal lleve adelante la expropiación de 200 mil viviendas vacías en medio de una crisis inmobiliaria sin precedentes: 80% de la población es inquilina.
Los votantes de Berlín respaldaron un referéndum no vinculante para comprar a la fuerza viviendas propiedad de grandes empresas inmobiliarias en la capital alemana. Esto se da en medio de una crisis en la población por el aumento de los alquileres.
Con el total de mesas escrutadas, el «sí» se impuso con el 56,5 por ciento de los votos al «no», que obtuvo un 38,8 por ciento de los sufragios.
De esta manera, los votantes que se inclinaron favorablemente lograron superar el piso mínimo requerido para la validación del plebiscito (que se ubicaba en 611.900). Al obtener un total de 717.363 votos.
El referéndum se votó durante las elecciones federales que podrán fin a los 16 años de gobierno de la primera ministra Ángela Merkel. El Partido Socialdemócrata gana con un 25,7% de apoyo, ligeramente por delante del 24,1% que consiguió la coalición de la Unión Demócrata Cristiana, y la Unión Social Cristiana, que cae a mínimos históricos.
Si bien la consulta no es vinculante, significa un masivo apoyo a favor de la iniciatival. La cual implicaría la compra de las viviendas expropiadas por parte del Estado con el objetivo de reducir la especulación inmobiliaria. Sobre todas las cosas, ofrecer espacios habitacionales a precios más accesibles.
Podría suponer el traspaso de unos 226.000 departamentos a manos públicas si se aprueba.
El principal objetivo de una eventual ley de expropiación sería la empresa inmobiliaria Deutsche Wohnen, que posee más de 100.000 unidades en la ciudad, y los de Vonovia, el otro gigante inmobiliario.
Posturas
Quienes quieren que el Senado de Berlín elabore una ley que permita la compra de lo que denominan empresas inmobiliarias «privadas» y que poseen más de 3.000 viviendas, argumentan que sería compatible con la Constitución alemana en virtud del artículo 15, nunca antes utilizado. Establece que «el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva». «O de otras formas de gestión colectiva por una ley que fije el modo y el monto de la indemnización».
Algunos juristas, aseguran que si el Senado de Berlín aprobara una ley así, sería objeto de varios recursos judiciales.
Pero el coste de nacionalizar grandes cantidades de viviendas también es un problema. Los opositores dicen que el precio rondaría entre 29.000 y 39.000 millones de euros, fondos que deberían estar disponibles para otros proyectos.
Tambien, afirman que las empresas serían indemnizadas a un precio «muy inferior al valor de mercado», según el portal de la radio y televisión pública alemana Deutsche Welle.
Vonovia dijo el lunes que, aunque el referéndum es una señal de que la situación de la vivienda debe cambiar, la expropiación sólo empeoraría las cosas. “No se crearía ni un solo piso nuevo y las inversiones en modernización se detendrían”, dijo el propietario.
Vonovia y Deutsche Wohnen acordaron a principios de este mes vender 14.750 apartamentos a Berlín como parte de su esfuerzo por fusionarse.
Crisis habitacional
La crisis inmobiliaria de Berlín se agudizó en los últimos años. La ciudad que hace cinco años se posicionaba como una de las ciudades más baratas para vivir, fue cercada por la especulación financiera y las empresas comenzaron a comprar espacios para instalar sus sedes.
Actualmente, el 80% de los berlineses alquila y se supone que entre 2017 y 2030 la ciudad necesitará al menos 200.000 nuevas propiedades para hacer frente al problema de vivienda.
Berlín ha calculado que necesita 20.000 nuevas viviendas al año para dar cabida a la creciente población.
El miércoles pasado, Berlín dio un segundo paso sobre el problema y compró a las principales inmobiliarias, Deutsche Wohnen y Vonovia, 14.750 viviendas y 450 locales por 2.500 millones de euros (casi 3.000 millones de dólares), con el fin de intervenir en los precios del alquiler.
Estas propiedades se van a distribuir entre las compañías públicas de vivienda de la ciudad. Así se suman suman a otras 6.000 casas sociales que habían sido compradas en 2019 a la inmobiliaria Ado Properties.
Fuente: Infobae
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