A seis años del asesinato de Berta Cáceres
El 3 de marzo de 2016, unos hombres ingresaron a la casa de la defensoras de derechos humanos más conocidas en Honduras y la asesinaron. Los asesinos habían sido contratados por ejecutivos de una empresa hidroeléctrica.
Berta Cáceres era una mujer indígena Lenca y una de las defensoras de derechos humanos más conocidas en Honduras. Durante veinte años defendió el territorio y los derechos de su pueblo.
En 1993 co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH). Con esta organización, llevó adelante campañas contra megaproyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales. Asimismo, se enfrentó a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas.
La lucha que llevó adelante por los derechos de su pueblo y de otros grupos indígenas de su país, la hizo sufrir todo tipo de amenaza. Entre ellas, de muerte, violación y ataque físico.
Como no alcanzó con amedrentarla, también se le imputaron cargos falsos como «posesión ilegal de un arma de fuego poniendo en peligro la seguridad del Estado de Honduras», usurpación de tierras, y coacción. Además, se la acusó de provocar daños y perjuicios de más de 3 millones de dólares a DESA, una empresa hidroeléctrica que tuvo relación con su asesinato.
Su asesinato
Hombres no identificados ingresaron a la casa de Berta Cáceres y la asesinaron un 3 de marzo de 2016. Dos años después, el 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete hombres.
Según determinó el Tribunal, dichos hombres fueron contratados por ejecutivos de Desa, empresa que construye una hidroeléctrica en el territorio indígena Lenca. Los condenados fueron el exjefe de seguridad de Desa y ex teniente del ejército entrenado por los Estados Unidos, Douglas Geovanny Bustillo; Henry Hernández, exsargento de fuerzas especiales; Mariano Díaz Chávez, oficial de fuerzas especiales entrenado por los Estados Unidos; Óscar Torres; el gerente ambiental de Desa, Sergio Ramón Rodríguez Orellana; Edwin Rapalo; y Edilson Duarte Meza.
Previamente, el 29 de noviembre, el hermano de Duarte Meza, Emerson Duarte Meza, fue declarado inocente ante acusaciones de tentativa de ocultación al crimen.
El Tribunal Penal Nacional concluyó que el grupo condenado actuó como sicarios contratados por ejecutivos de la compañía DESA. Además, según la investigación, la empresa sufrió pérdidas financieras resultantes de la labor de derechos humanos de Berta Cáceres en la región.
La sentencia se dictó el 10 de enero de 2019. La pena es de 30 años de prisión.
Un juicio lleno de controversias
Los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres fueron condenados, pero el juicio del autor intelectual sigue pendiente. El exoficial de inteligencia militar y presidente de Desa, Roberto David Castillo Mejía, está acusado de contratar a los asesinos.
A Castillo Mejía lo detuvieron en el aeropuerto de San Pedro Sula el 3 de marzo de 2018, cuando intentaba salir del país. Desde la audiencia inicial del 9 de marzo de ese mismo año permanece en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Nacional de Támara.
En este punto el proceso penal se llenó de controversias. El Tribunal decidió expulsar a la familia de Berta Cáceres y sus abogados del caso, dejando la defensa a cargo del Ministerio Público. Lo peor: el Ministerio recibió denuncias por no respetar los derechos procesales de la familia de la defensora.
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