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Juicio y castigo | Perpetua para 4 exmilitares por los «vuelos de la muerte»

Los exmilitares fueron condenados por su participación en los operativos que consistían en arrojar vivos y drogados al mar a detenidos desaparecidos que estaban en centros clandestinos.

La justicia condenó a prisión perpetua a cumplir en cárcel común a cuatro exmilitares del Ejército por los «vuelos de la muerte» de la última dictadura cívico militar. Éstos operativos consistían en tirar vivos y drogados al mar a detenidos desaparecidos que estaban en centros clandestinos, como los que funcionaron en la ex ESMA, el más grande del país, o en Campo de Mayo.
 
La condena fue emitida por el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín contra el exjefe de Institutos Militares de Campo de Mayo Santiago Omar Riveros; el excomandante del batallón Luis del Valle Arce; su segundo, Delsis Ángel Malacalza, y el exoficial de operaciones de esa dependencia Eduardo María Lance.
Además los jueces ordenaron analizar el estado de salud de los condenados para determinar si están en condiciones de ir a una cárcel común. Cabe destacar que actualmente cumplen la sentencia en prisión domiciliaria. 

En 2017, la Justicia había condenado por los vuelos de la muerte a una treintena de acusados, varios de ellos a perpetua. Entre ellos los capitanes Alfredo Astiz y Jorge «El Tigre» Acosta.

El juicio por la megacausa duró cinco años y pasaron por el debate alrededor de 800 testigos. Finalmente el fiscal Marcelo García Berro dijo que los acusados cometieron privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas. 

Además de imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos en forma reiterada, homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas.

Los casos abordados por el tribunal fueron los de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Juan Carlos Rosace. Todos secuestrados entre 1976 y 1977, trasladados a el centro de detención conocido como «El Campito». 

Los cuerpos de estas víctimas aparecieron en la zona de Punta Indio, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, o en la costa Atlántica.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos, querellante en la causa, destacaron que gracias a los testimonios de aquellos que en su momento estuvieron detenidos y pudieron salir, se pudo probar el funcionamiento de esta maquinaria planificada y sistemática que se utilizó para desaparecer y eliminar a miles de personas.

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