Ayotzinapa | Declaran crimen de Estado la desaparición de 43 estudiantes

A casi ocho años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, México, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobierno de México, Alejandro Encina, afirmó que el hecho se trató de un «crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones».

Los responsables de investigar la desaparición de los estudiantes son los integrantes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Se trata de la trágica desaparición que conmocionó al mundo en septiembre de 2014.

Las afirmaciones de Encina se dieron después de que el gobierno mexicano se reúna con padres de los alumnos. Asimismo, se les acercó un informe sobre las investigaciones que llevan adelante las autoridades estatales sobre el caso.

«Un crimen de Estado»

Tras ocho años de investigaciones y búsqueda de los estudiantes desaparecidos, la Comisión para la Verdad estableció que los hechos fueron un crimen de Estado en el que participaron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y «agentes de diversas instituciones del Estado mexicano».

A su vez, Encinas precisó que las autoridades de todos los niveles «tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes» desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, hasta su desaparición. Además, afirmó que fueron las propias autoridades las que permitieron la desaparición de las 43 personas, además de fallecimiento de otras seis.

Los detalles del informe

Según el informe, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 a 2018) a los estudiantes los secuestraron, incineraron y arrojaron al río San Juan.

Asimismo, hechos ocurridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 fueron asociados a los agentes criminales con narcotraficantes.

Entre los datos más escalofriantes, el documento advierte que «no hay indicio alguno» de que los estudiantes estén con vida. «Todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos (los desaparecidos) fueron arteramente ultimados y desaparecidos», detallan.

Además, detalla que al menos 26 personas fueron claves para obtener información sobre los estudiantes. Entre ellas, 14 integrantes de Guerreros Unidos; 3 familiares de integrantes de Guerreros Unidos; 2 integrantes del grupo delincuencial Gente Nueva; 7 testigos o involucrados (funcionarios, activistas y policías).

Apuntan al ocultamiento del gobierno de Peña Nieto

En la misma línea, el informe advierte que se ocultó la verdad de los hechos en la «verdad histórica», una versión que apunta solo a grupos del narcotráfico. Advierten que se «alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de las autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado».

Además, aseguran que esa verdad histórica «construyó una narrativa que forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia a fin de evitar una investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos».

En esa misma línea, Omar Gómez Trejo, fiscal especial que investiga el caso, aseguró que la «verdad histórica» se sustenta con acciones ilícitas.

«Incluso testimoniales de personas fueron obtenidos por tortura», agregaron. Y explicaron que muchas de las pruebas se elaboraron ilícitamente.

Con información de CNN