A 12 años del asesinato de Mariano Ferreyra
El 20 de octubre de 2010 el joven militante del Partido Obrero fue asesinado y otros tres resultaron heridos de gravedad. La criminalización de la protesta social, la intervención del Estado y la connivencia política todavía impiden poner fecha al juicio por encubrimiento.
Se cumplen 12 años del crimen de Mariano Ferreyra. Una patota que respondía al entonces secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, lo asesinó con el objetivo de silenciar la protesta que llevaban adelante los trabajadores tercerizados de la exlínea Roca que reclamaban ser incorporados a planta permanente.
En una movilización que reclamaba el pase a planta permanente, Mariano resultó herido de muerte. Tres de sus compañeros, Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, también fueron alcanzados por balas que salieron de armas empuñadas por Cristian Favale y Gabriel Sánchez.
Mariano, que solo tenía 23 años, era estudiante de Historia, dirigente de la FUBA y tornero.
Una emboscada feroz en Barracas
El gremio que tenía como titular a Pedraza, Unión Cooperativa Mercosur, administraba la contratación de trabajadores tercerizados con la gerencia de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe).
Los sueldos y las cargas sociales de los empleados contratados se pagaban con dinero aportado por la Secretaria de Transporte. Asimismo, la cooperativa de Pedraza cobraba un canon fijo por cada trabajador que declaraba.
Un día como hoy, pero de 2010, manifestantes y trabajadores precarizados salieron desde un local del Partido Obrero ubicado en Avellaneda, con la intención de cortar las vías cerca de la estación para reclamar la incorporación a planta permanente.
Camino a su destino, fueron advertidos. Les dijeron que un grupo de la Unión Ferroviaria, encabezado por el dirigente Pablo Díaz, se encontraba en el andén de la estación. Esta información los hizo desviarse de su camino y cruzar el Riachuelo. El corte se iba a hacer en Barracas, Capital Federal.
Cruzaron el puente Bosch, pero comenzaron los ataques. Un grupo de la Unión Ferroviaria impidió el corte de vías a los piedrazos.
Obligados a replegarse, los manifestantes se alejaron y reunieron a 200 metros de donde recibieron el ataque. En una asamblea improvisada, descartaron el corte y analizaron una alternativa: realizar un acto en Constitución.
Mientras se sucedía el diálogo, efectivos de la comisaria 30 de la Policía Federal, que se encontraban a bordo de dos móviles, los observaban.
A Mariano lo hirieron de muerte. A otros tres militantes, Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos también los alcanzan proyectiles. Inmediatamente intentan trasladarlos a un hospital en ambulancia.
Condena a medias
Por el crimen de Ferreyra y los tres heridos en 2013 condenaron a miembros del sindicato, entre ellos su titular José Pedraza, y agentes de la Policía Federal. Sin embargo, nunca se fijó una fecha para el juicio por encubrimiento por parte de «sectores del sindicalismo, del poder político y judicial, y de las fuerzas de seguridad».
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recordó el aniversario del asesinato del joven militante y repasó las medidas judiciales y la connivencia de la burocracia con el poder político y judicial.
Mariano Ferreyra tenía 23 años y era militante del Partido Obrero.
Fue asesinado por integrantes de la Unión Ferroviaria durante una protesta por las condiciones de precarización laboral de trabajadores tercerizades de la Línea Roca.
Hoy se cumplen 12 años del crimen. pic.twitter.com/g5Whr1fqFJ
— CELS (@CELS_Argentina) October 20, 2022
«Los ataques del 20 de octubre de 2010, que culminaron con el asesinato de Mariano y tres heridos graves, expusieron un entramado de relaciones entre sectores del sindicalismo, del poder político y judicial, y de las fuerzas de seguridad», indicaron en Twitter.
Y detallaron: «el caso también demuestra las dificultades que tiene el Poder Judicial para investigarse a sí mismo».
«12 años después aún no hay fecha de inicio del juicio que debe determinar responsabilidades de integrantes de estudios jurídicos, ex agentes de inteligencia y funcionaries judiciales en una trama orientada a encubrir el crimen», concluyen.
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